Trascendencia y Finalidad
El objeto del presente Real Decreto Ley es habilitar las condiciones necesarias para permitir la cancelación por entidades locales de sus obligaciones pendientes de pago con sus proveedores, derivadas de la contratación de obras, suministros o servicios.
Esto es necesario debido a que la grave situación de crisis económica ha generado una fuerte caída de la actividad económica y correlativamente una fuerte bajada en la recaudación de recursos por parte de las entidades locales, lo que está ocasionando retrasos acumulados en el pago de las obligaciones que han contraído con sus proveedores, con la consiguiente incidencia negativa en la liquidez de las empresas.

Ámbito material
A lo largo de su articulado se establecen obligaciones de suministro de información para las entidades locales, mediante las correspondientes certificaciones. Asimismo, establece el contenido del plan de ajuste que necesariamente deberán aprobar las entidades locales que pretendan concertar la operación de endeudamiento a largo plazo.
También se desarrollan las líneas generales y fundamentos del mecanismo de financiación, que se concretarán de forma inminente mediante Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y a su vez, se regulan los efectos extintivos que tendrá el abono de las obligaciones pendientes de pago.
Por último, recoge la garantía de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado y la habilitación precisa para que, cuando proceda, se ejecute aquélla mediante la compensación de deudas a través de las retenciones que corresponda aplicar en las transferencias de aquel recurso financiero.

Vigencia
El presente Real Decreto Ley ha entrado en vigor el 26 de febrero de 2012.