El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) y el Registro de Economistas Auditores del Consejo General de Economistas (REA-REGA), corporaciones representativas de los auditores, muestran su sorpresa y preocupación ante la posibilidad de que la Comisión Económica del Congreso de los Diputados apruebe el proyecto de Ley de Auditoría hoy.

Tal y como han reconocido diferentes portavoces parlamentarios, el Ejecutivo prevé que la nueva normativa sea aprobada sin consensuar ninguna de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios ni asumir las observaciones del Consejo de Estado y de las corporaciones de auditores, lo que con toda seguridad producirá efectos muy negativos en los usuarios de los servicios de auditoría y en el día a día de los miles de profesionales que trabajan en el sector.

Las corporaciones consideran que el significativo número de enmiendas presentadas al proyecto, 154, entre las que se incluyen propuestas del Grupo Parlamentario Popular, algunas de más de 20 páginas, demuestra que el actual texto del proyecto de ley requiere significativas mejoras técnicas en aras de aumentar la transparencia de la información financiera y la calidad de las auditorías. Apuntan también que en las últimas semanas todos los grupos parlamentarios han mostrado su interés en alcanzar el consenso por el que las corporaciones han apostado siempre, de ahí que manifiesten su sorpresa por el cambio acontecido.

Asimismo, el sector insiste en que, por su carácter eminentemente técnico, los problemas de la ley no son de carácter político y que no existe un enfrentamiento entre el Gobierno y el sector. Por esta razón, entiende que, antes de su aprobación en el Congreso, se debe retomar el espíritu constructivo con el que habían transcurrido las últimas semanas.

Conviene recordar que, durante el proceso de elaboración de la Ley de Auditoría, los auditores han venido expresando, de forma reiterada, su preocupación ante la aprobación de una ley que va a contracorriente de Europa. El texto que se aprobó en el Consejo de Ministros no recoge observaciones muy importantes del Consejo de Estado, algunas calificadas por el propio Cuerpo Consultivo de esenciales. El ejemplo más claro está en la normativa sobre Entidades de Interés Público ya que debería seguirse el dictamen del Consejo de Estado que apuesta por una mejora en la norma que ofrezca más seguridad jurídica en la consecución del objetivo de reducción de su número.

El efecto inmediato de esta medida es el incremento de los costes a muchos de los usuarios de los servicios de auditoría y a muchas empresas que se verán perjudicadas al aplicárseles medidas pensadas en Europa para bancos, compañías de seguros y compañías cotizadas. A ello se suman otros defectos, como el imposible cumplimiento del régimen de independencia y de incompatibilidades previsto, el establecimiento de la prohibición de la presencia de profesionales con experiencia reciente en auditoría en el Comité consultivo del ICAC, la inseguridad jurídica que se deriva de la redacción del régimen sancionador o medidas en claro detrimento de los pequeños y medianos despachos de auditoría, como el establecimiento de un límite de facturación aportado por un cliente.

Las corporaciones de auditores has manifestado en todo momento una enorme preocupación por los problemas técnicos del texto y han mostrado su absoluta disposición a colaborar para consensuar la ley de forma que esté alineada con la del resto de la UE.