Así y tal como ha explicado el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, en la rueda de prensa posterior al CPFF, las comunidades contarán con la compensación anual que se da desde el año 2009 por la supresión de este impuesto (2.100 millones) más lo que recaude cada una.

Sólo la Comunidad de Madrid ha votado en contra de esta propuesta del Gobierno, puesto que es la única comunidad que mantiene bonificado el 100% del impuesto y que, por tanto, no se verá beneficiada por esta medida. Madrid había propuesto que la cifra global recaudada se repartiera entre todas las comunidades, pero el Gobierno ha descartado esta opción.

Baleares y la Comunidad Valenciana tampoco percibirán nada de la recaudación del impuesto en el año 2012 porque también lo bonificaron el año pasado, pero sí de la recaudación del ejercicio en curso tras los cambios normativos que han aprobado. En concreto, Baleares se quedará con los 45,2 millones que recaudará este año y la Comunidad Valencia, con 117,4 millones.

Cataluña, por su parte, se quedará con casi 300 millones de los 604 del año 2012 y con los 541 millones que recaudará en 2013 por Patrimonio. Según el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, "quien ha puesto el impuesto se lo queda". "Sencillo y práctico", ha explicado.

En este sentido, no ha entendido las críticas de la Comunidad de Madrid ni la propuesta que ha planteado la comunidad, ya que no se trata de repartir lo recaudado entre todas las comunidades, sino dejar que cada comunidad recaude el impuesto en función de la normativa que decidió poner en marcha.

En la misma línea se ha manifestado Beteta, que ha dicho que no se ayuda a ninguna comunidad, sino que simplemente la recaudación es más alta en las regiones que decidieron gravar más el patrimonio de sus ciudadanos ."No hay un presión fiscal distinta", ha señalado.

Por otro lado, la reunión del CPFF ha servido para crear el grupo de trabajo que analizará el actual sistema de financiación autonómica y realizará propuestas para su reforma, que el Gobierno quiere plantear en la primavera de 2014.

Preguntado por si el nuevo sistema podría entrar en vigor el 1 de enero de 2014 aunque se apruebe después, Montoro ha dicho que algunos elementos de carácter fiscal sí podrían entrar en vigor a principios del año que viene, pero no el conjunto del sistema.

Por otro lado, Beteta ha dado cuenta del plan de racionalización del sector público 2011-2013 y ha asegurad que el porcentaje de cumplimiento del objetivo ha sido del 119%. A 1 de julio de este año, tal y como ha dicho el secretario de Estado, se han suprimido 373 entes mientras que otros 234 están en una fase "muy próxima" a la extinción y sin actividad.

Así, se puede decir que, en términos netos, se han eliminado ya 607 entes públicos. En concreto, el número de consorcios suprimidos asciende a 42 de los existentes, mientras que las sociedades mercantiles suman 38 y las fundaciones y otras sin animo de lucro, 24. Según Beteta, todo esto ha permitido ahorrar 4.083 millones.

Balanzas fiscales elaboradas por expertos

Por otro lado, ha avanzado que ha propuesto al CPFF que las balanzas fiscales sean elaboradas por expertos académicos, nacionales e internacionales para que determinen una metodología que pueda aplicarse de forma recurrente.

Preguntado por el Impuesto a los Depósitos Bancarios, Montoro se ha limitado a decir que este tributo se tratará en el marco de la reforma tributaria y que será un impuesto estatal, aunque las comunidades tendrán capacidad normativa sobre él. A su parecer, lo importante es garantizar que no se romperá el mercado interior bancario en España.

En cualquier caso, el ministro ha celebrado la reunión del CPFF por ser una "nueva muestra" de que es posible la coordinación de las políticas presupuestarias en España y un escenario para poner de manifiesto el esfuerzo que han hecho todas las regiones para reducir el déficit.

Montoro: "La intención del Gobierno es cumplir el déficit"

Preguntado por si se cumplirán los objetivos, Montoro ha dicho que la "intención y voluntad" del Gobierno es cumplir y hacer que todos cumplan. En este sentido, ha recordado que el Gobierno está usando ya la Ley de Estabilidad enviando una carta a las cinco comunidades con más riesgo para garantizar el cumplimiento de los objetivos.

"Estamos dando cumplimiento a ley y evitando riesgos de desviación, que es lo que corresponde hacer en este momento", ha señalado, tras explicar que también se ha dado el visto bueno al plan de saneamiento de Castilla-La Mancha, que ha hecho un esfuerzo muy grande en el último año aunque presentara una ligera desviación en 2012.