Las administraciones y entes públicos contarán con un plazo de un año para facilitar al Ministerio de Hacienda toda la información que obre en su poder sobre los operadores económicos, establecimientos e instalaciones que sea necesaria para supervisar y controlar la aplicación del mercado único y de la licencia de eficacia nacional.

Así ha quedado recogido en la Ley de Garantía de Unidad de Mercado que este miércoles ha aprobado la Comisión de Economía del Congreso, y en la que se introducido media docena de cambios a propuesta del PP, tres modificaciones promovidas por UPyD.

Entre éstas, se fija un plazo de un año tanto para tener activado el sistema de intercambio electrónico de información entre las diferentes autoridades competentes en la materia como para enviar a Hacienda los registros sectoriales que permitirán hacer una ventanilla única sobre operadores económicos, establecimientos e instalaciones.

Una información fundamental para poder ejercer las competencias de supervisión y control, particularmente sobre aquellas actividades que estarán sometidas a un régimen de autorización, declaración responsable o comunicación y que, por tanto, quedarán sujetas a revisiones ex post de cumplimiento de la normativa.

Participación de los representantes empresariales

Por otra parte, la formación magenta también ha conseguido que el informe de evaluación sobre el impacto de esta ley que anualmente realizará la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios sea enviado a la Comisión de Economía del Congreso, y no sólo a la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos económicos.

Por su parte, los ‘populares’ han incorporado al texto varios cambios orientados a garantizar la participación de los representantes de los operadores económicos en los procesos de defensa de sus intereses o en la toma de decisiones para remover obstáculos o barreras a la actividad económica, una reclamación que también hacía UPyD.

Así, se propone que las organizaciones representativas de los operadores económicos, incluidas las cámaras de comercio oficiales y las asociaciones profesionales, puedan acudir a los procedimientos en defensa de los intereses colectivos que representan, así como recurrir ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) si discrepan de la decisión adoptada por la autoridad competente en cada caso.

También serán actores válidos para informar a la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado sobre obstáculos o barreras relacionados con esta ley, y podrán contribuir asimismo al trabajo de las conferencias sectoriales donde se analizarán y propondrán modificaciones normativas complementarias, para las que se tendrá en cuenta asimismo la opinión de los operadores económicos a través de sus representantes.

Excepciones a la licencia única

Entre las enmiendas ‘populares’ también se incluye la incorporación de una garantía de que determinados servicios –como los taxis, el alquiler de vehículos con conductor, las concesiones demaniales o las oficinas de farmacia– continúen "sometidos a su actual régimen de autorización y con eficacia nacional limitada", lo mismo que sucede con los actos administrativos relacionados con la ocupación de un determinado dominio público o cuando el número de operadores económicos en un lugar del territorio sea limitado en función de la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas.

Por otra parte, sólo se podrá exigir una autorización cuando concurran los principios de necesidad y proporcionalidad, que deberán estar "motivados suficientemente" en la ley que establezca dicho régimen, salvo que la exigencia se derive de una norma comunitaria o tratado internacional, que podrá esta previsto en una norma de rango inferior.

De este modo, justifican los ‘populares’, se "evitan posibles incongruencias" con lo previsto en la Ley de Libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que traspone una directiva europea, y también se "endurecen las condiciones para establecer controles ex ante y se permite un mejor seguimiento entre las administraciones públicas".

Este cambio en el artículo 17 va acompañado de su correspondiente referencia en la exposición de motivos del proyecto de ley, que busca subrayar que la instrumentación del principio de necesidad y proporcionalidad "debe entenderse sin perjuicio del principio de eficacia de las actuaciones de las autoridades competentes en todo el territorio nacional".

"Así, una vez que los operadores han obtenido una autorización o presentado una declaración responsable o comunicación para acceder a una actividad, o incluso si han accedido a la misma sin necesidad de realizar ningún trámite previo, ésta podrá ser ejercida en todo el territorio nacional sin que quepa, por ejemplo, la exigencia de una nueva autorización, declaración responsable o comunicación excepto para determinadas actuaciones para las que se limita este principio de eficacia nacional", sugiere el PP añadir al texto.

Entre dichas excepciones, el proyecto de ley recoge las autorizaciones vinculadas a una instalación o infraestructura física concreta, los actos administrativos relacionados con la ocupación de un determinado dominio público o cuando el número de operadores económicos en un lugar del territorio sea limitado en función de la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, o cuando por razones de orden público (incluida la lucha contra el fraude, la contratación pública y la garantía de la estabilidad financiera) el medio de intervención corresponda al Estado.