Así se recoge en una de las enmiendas que el PP ha presentado en el Congreso al proyecto de ley de Control de la Deuda Comercial de las administraciones públicas, que pretende erradicar la morosidad con los proveedores autonómicos y municipales, y cumplir los 30 días máximos de pago de las facturas que establece la ley.

En una de las once propuestas ‘populares’, que recoge Europa Press, se incorpora una nueva disposición al proyecto de ley para que las administraciones públicas que no están obligadas a someterse a auditorías deban efectuar anualmente trabajos de control para "verificar la existencia de obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para los que no se ha producido su imputación presupuestaria".

La metodología para llevar a cabo estos controles será la que fije la Intervención General del Estado aunque serán los órganos de control interno de cada administración los que deban aprobar dichos informes.

Repartir el coste del incumplimiento

Por otra parte, el partido que da sustento al Gobierno ha presentado también dos modificaciones técnicas a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Con ellas, el incumplimiento de obligaciones financieras por parte de las administraciones públicas que provoque no sólo el incumplimiento de los compromisos de España con Bruselas, sino cualquiera contenido en tratados o convenios internacional, conllevará el reparto de ese coste entre los responsables.

Asimismo, las administraciones públicas que provoquen un incumplimiento del país deberán asumir la parte imputable de cualquier condena a España por parte de tribunales internacionales u órganos arbitrales.