La Seguridad Social ha abierto un total de 2.700 expedientes de infracción a empresas de enero a junio de 2013, afectando a unos 4.600 trabajadores y por las que se han formalizado actas de infracción por un importe de 187 millones de euros, según ha informado Comisiones Obreras (CC.OO.) en nota de prensa.

La Tesorería General de la Seguridad Social ha destacado, en un análisis de su plan de trabajo, que durante 2012 se llevaron a cabo unas 26.000 actuaciones inspectoras que concluyeron con la apertura de 6.000 expedientes de infracción a empresas, afectando a unos 11.000 trabajadores y por las que se sancionó con un importe total de unos 400 millones de euros, según informó a las organizaciones sindicales y empresariales que conforman el Observatorio estatal de lucha contra el Fraude a la Seguridad Social.

En 2013 se ha incorporado a este plan de trabajo la detección de empresas ficticias, empresas sin actividad real creadas para obtener prestaciones de forma fraudulenta. Con esta actuación, entre enero y septiembre de este año se ha actuado sobre un total de 2.514 empresas sospechosas de ser una empresa ficticia y se han anulado un total de 986, tras confirmarse que lo eran.

"Aún compartiendo la importancia de haber anulado un total de 986 empresas ficticias y haber conseguido con ello evitar un acceso futuro fraudulento a prestaciones de seguridad social, este dato no representa más que el 0,06% del total de empresas con trabajadores a cargo que desarrollan su actividad en nuestro país", ha opinado el secretario confederal de Protección Social de CC.OO., Carlos Bravo.

Aunque CC.OO. comparte la necesidad de actuar sobre las empresas ficticias, cree que es imprescindible actuar sobre otros focos de fraude más generalizados y que aportarían una mejora de ingresos más importante como las cotizaciones inferiores al salario, jornadas no declaradas o el fraude en la contratación.

Asimismo, el sindicato ha denunciado que la actual dotación de inspectores de trabajo resulta "claramente insuficiente", explicando que sólo hay 1 inspector por cada 1.500 empresas, y que entre los planes del Gobierno no está "incrementarlos significativamente". En 2012 y 2013 sólo se ha autorizado la ampliación de 19 nuevos inspectores de trabajo en la correspondiente oferta de empleo público, ha explicado.

CC.OO. ha vuelto a insistir ante la Comisión de Seguimiento del Observatorio del Fraude en la necesidad de que en el Plan de Acción de lucha contra el Fraude se refuercen las actuaciones relacionadas con la cotización por salarios inferiores a los percibidos realmente, y a los marcados en convenio colectivo; con el trabajo de jornadas laborales superiores a las realmente contratadas, con especial atención a trabajadores a tiempo parcial; y con el fraude en la contratación, actuaciones que no forman parte del Plan de acción previsto para el 2012-13.

Por último, el sindicato ha reclamado que se ponga en marcha un Plan de Actuación Integral de lucha contra el Fraude, que debe incluir actuaciones en materia de información, sensibilización ciudadana, control y persecución del fraude, no sólo en materia de cotización a la Seguridad Social sino con un carácter más amplio, especialmente en lo que se refiere al fraude fiscal, que también tiene importantes repercusiones en materia de ingresos de la Seguridad Social.