Tras meses de tramitación y, al parecer con ciertas modificaciones respecto al texto inicial debido a las enmiendas introducidas por el Senado, se espera la inminente publicación de la normativa que permita poner en práctica la anunciada reforma fiscal que afecta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre la Renta de No Residentes, Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuesto sobre Sociedades.

Se introducen cambios, comentados ampliamente por expertos en materia tributaria, que fueron anunciados como una mejora sustancial de la carga fiscal para el contribuyente medio. La realidad, a la vista de los textos casi definitivos, es que se recuperan en parte los tipos impositivos vigentes en 2011, suprimiendo la subida de dos puntos aprobada para afrontar la crisis, pero también se suprimen ayudas e incentivos que afectan a las rentas medias, pequeños empresarios y potenciales inversores.

Uno de los cambios con más impacto social es el relativo a los coeficientes de abatimiento (reducciones sobre la ganancia obtenida en función de la antigüedad en la tenencia), cuya desaparición progresiva comenzó en 1996, se vio acelerada por la reforma de 2006 y, salvo que se apruebe la enmienda al respecto propuesta en el Senado, se suprime definitivamente en 2015 sin criterio de progresión alguno. De la misma forma se suprime la aplicación de coeficientes de corrección monetaria en la transmisión de inmuebles, lo que en definitiva supone tributar sobre la inflación experimentada por el valor del bien.

Las modificaciones en la tributación de los planes de pensiones, tanto en el tratamiento de las aportaciones como en su rescate, han llevado a las grandes aseguradoras a renovar su oferta, la banca también ofrecerá nuevos productos que permitan aliviar la presión sobre los inversores y los abogados estudiaremos nuevas fórmulas legales que tomen el relevo a las tradicionales estructuras societarias.

Por último, y sin fecha prevista para su aprobación, la reforma de la Ley General Tributaria, con el objetivo de perseguir el fraude fiscal y bajo el principio de una justa contribución al sostenimiento del Estado, regula nuevas medidas coercitivas y permite un amplio margen de investigación a las autoridades tributarias.

En definitiva, en la España de los escándalos de corrupción, la tan esperada reforma fiscal mantiene al Estado ante el contribuyente en la posición del quebrantahuesos y su presa: absorbe hasta el límite sus recursos y libertades bajo premisas de contribución equitativa.