El Pleno del Congreso ha rechazado la enmienda a la totalidad que había presentado IU a la reforma de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que duplica las multas por conducir bebido o drogado y abre la puerta a un futuro incremento de los límites de velocidad en algunos tramos de autovías y autopistas a 130 km/h, con lo que el proyecto pasa así su primer trámite parlamentario.

El PP, CiU, ERC, UPN y Foro han votado en contra de la petición de IU de devolver al Gobierno el proyecto de ley, que ha sido defendido por el ministro de Interior, Jorge Fernández Día, mientras que la Izquierda Plural y BNG han votado a favor y PSOE, PNV, UPyD y Coalición Canaria se han abstenido.

Durante la defensa de la enmienda a la totalidad, el diputado de IU Ricardo Sixto ha pedido la devolución porque el Gobierno no ha "argumentado suficientemente" las razones por las que obliga a usar el casco a los ciclistas o introduce la posibilidad de aumentar los límites de velocidad en algunas vías, cuando una medida así "afecta a tantisimos personas". Asimismo, ha criticado que se aplace la concreción de alguna de esas medidas, como los límites de velocidad, a la aprobación del Reglamento General de Circulación, que depende del Gobierno y no de las Cortes.

Sobre la obligación del uso del casco a ciclistas menores de 18 años en vías urbanas (actualmente sólo es obligatorio en carreteras), ha lamentado que el Gobierno trate de convertir a los españoles "en conejillos de indias". "No entendemos por qué tenemos que convertirnos en un país pionero", ha señalado el diputado de IU, que ha recordado que sólo algunos países de Europa obligan a llevar casco. Asimismo, ha apuntado que las opiniones de los expertos al respecto son "muy controvertidas", y en algunos casos apuntan a que "desincentiva el uso de la bicicleta".

"Si estamos hablando de evitar siniestralidad, se producen muchas más lesiones craneales en vehículos a motor", ha señalado al ministro el diputado de IU, que ha indicado que, "por esa regla de tres" habría que obligar a usar el casco a los conductores. Para Sixto, en lugar de obligaciones, el proyecto debería fomentar "la movilidad sostenible de principio a fin", tratando de incrementar el uso de la bicicleta.

A estas críticas, el ministro de Interior ha respondido que "no hay ninguna animadversión –hacia la bicicleta– en este proyecto de ley, sino todo lo contrario", y ha defendido la obligación del uso del caso porque supone "un punto de inflexión muy importante" para empezar a conciencia a los jóvenes en el uso de esta medida. No obstante, ha asegurado que tanto el Gobierno como el grupo ‘popular’ aceptarán "los eventuales acuerdos a los que se puedan llegar en comisión" sobre este tema siempre que no "desnaturalice" el proyecto.

Los 130 km/h sin coste alguno

Respecto a los límites de velocidad, Fernández Díaz ha querido "dejar sentado con toda claridad que el proyecto de ley no modifica los límites de velocidad", sino que "posibilita que, en su caso, el Reglamento General de Circulación lo pueda hacer". En cualquier caso, para ser "honesto", ha apuntado que la intención del Gobierno es "excepcionalmente, en determinados tramos, y bajo ciertas condiciones" permitir en un futuro aumentar "temporalmente" a 130 km/h la velocidad en algunos tramos de autovías y autopistas, aunque el límite general continúe siendo de 120 km/h.

Esta medida "no significaría coste alguno", según ha adelantado el ministro, ya que se utilizarían los "sistemas de señalización electrónicas existentes" para señalizar el límite de 130 km/h en aquellos tramos que, por su historia de baja siniestralidad y buenas condiciones meteorológicas, permitieran hacerlo. "No significaría ningún coste adicional", ha enfatizado Fernández Día. Asimismo, ha recordado que también es intención del Ejecutivo reducir con carácter general el límite en vías secundarias, donde se produce el 75% de los fallecidos en vías interurbanas, de 100 a 90 km/h.

En general, el ministro, que ha recordado como los accidentes se han reducido "sensiblemente" los últimos años, ha apuntado que el objetivo del proyecto es "mejorar la seguridad vial en todas sus facetas". "Un fallecido en nuestras carreteras es una poderosísima razón para seguir trabajando para mejorar la seguridad vial", ha indicado Fernández Díaz.

Tolerancia cero a la droga al volante

Se trata de la reforma decimosexta de la Ley de Tráfico y de una "de las más importantes", según ha indicado. En este sentido, ha indicado que se fomenta la "tolerancia cero" al consumo de drogas, "un problema al que se debía hacer frente" porque en la actualidad había "una absoluta alegalidad en la materia". El proyecto fija una sanción de 1.000 euros por conducir con presencia de drogas en el organismo, que se detectarán mediante un análisis de saliva.

Según ha indicado el ministro, el 16 por ciento de los conductores da positivo en controles aleatorios de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y hasta el 76 por ciento da positivo en aquellos controles selectivos, como los que se pueden poner un viernes de madrugada frente a una discoteca. "Estamos ante una realidad que debemos afrontar", ha indicado Fernández Díaz, que ha recordado como con el alcohol se consiguió instaurar una "conciencia de tolerancia cero".

El texto también incluye cambios en la regulación de los sistemas de retención infantil, prohíbe los detectores de radar (no los avisadores, que continuarán siendo legales), crea la Conferencia Sectorial de Tráfico y Seguridad Vial, que reunirá a las comunidades autónomas que hayan asumido las competencias de tráfico con el Gobierno y "refuerzan las labores de control y supervisión" a las autoescuelas y centros de reconocimiento médicos, según ha indicado.

PSOE acusa de "coartada populista" la subida de multas

Desde la oposición, el diputado socialista Carlos Corcuera ha tachado de "desproporcionada" la obligación de llevar cascos a los ciclistas menores de 18 años, aunque ha asegurado que su grupo está de acuerdo con promover su uso. En cuanto a los límites de velocidad, ha advertido que "los esfuerzos" que se han hecho para reducir el número de accidentes por velocidad "pueden verse frustrados" por "intereses ajenos a la seguridad vial" al introducir el límite de velocidad a 130 km/h.

Igualmente, se ha mostrado crítico con el aumento de las sanciones por alcoholemia –de 500 a 1.000 euros–, que ha enmarcado en la línea del Gobierno de "aplicar una política de subidas, sea de tributos o del importe de las sanciones". Así, ha tachado de "coartadas populísticas o facilonas" el incrementar las sanciones hasta el punto de que "casi es más gravoso que te sancione la DGT a que te condene un juez".

Por su parte, la portavoz del PP en materia de Tráfico, Concha Bravo, ha tachado de "procendente y oportuna" la reforma y ha lamentado que, "por desgracia", el debate se haya "sentado demasiado en el casco". "Lo del casco se ha convertido en una obsesión y ha hurtado el debate a otros asuntos importantes", ha subrayado.

Desde UPyD, el diputado Toni Cantó ha acusado al Gobierno de haber diseñado un proyecto con objetivos "recaudatorios" y, desde el PNV, el diputado Joseba Agirretxea ha adelantado que su grupo enmendará el proyecto para que el casco sea obligatorio para ciclistas menores de 15 años.