El día 3 de julio ha entrado en vigor el Real Decreto legislativo 1/2011, por el que se aprueba del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, con el objetivo de "regularizar, aclarar y sistematizar toda la normativa legal aplicable a esta actividad".

La Ley de Auditoría de Cuentas de 1988 reguló por primera vez en España esta actividad y ha permanecido vigente hasta nuestros días. Sin embargo, desde su aprobación la norma ha sido objeto de diversas modificaciones, entre las que destaca la operada por una Ley del 2010 para su adaptación a la normativa comunitaria.

La existencia de estas diversas modificaciones aconsejaba la elaboración de este Real Decreto Legislativo para formar un único texto completo, sistemáticamente ordenado, coherente, actualizado y comprensible.

La citada Ley de 2010 autoriza al Gobierno para que, en el plazo de doce meses, procediera a elaborar un texto refundido. Así, el Real Decreto Legislativo lleva a cabo una reordenación del texto de la Ley de Auditoría de Cuentas, respeta el sentido y alcance de las disposiciones legales objeto de la refundición e introduce las modulaciones precisas para conformar un texto coherente, sistemáticamente ordenado y actualizado.

Objetivos de las modificaciones

Las modificaciones que contiene respecto de los preceptos vigentes responden a tres grandes objetivos:

– Mejorar la estructura y sistemática del texto refundido proyectado.

– Incorporar diversas adaptaciones y precisiones terminológicas, así como mejoras en la redacción.

– Corregir errores de concordancia, menciones innecesarias y reiteraciones.

El Real Decreto no introduce innovación legislativa alguna, sino que da lugar a un texto completo en el que se incluyen las principales disposiciones de rango legal ordinario que constituyen el régimen de la auditoría de cuentas. Se circunscribe a una tarea de unificación, sistematización y armonización de normas preexistentes, sin alterar la regulación material que de esas normas resulta.

De esta forma, se consigue una mayor efectividad del principio de seguridad jurídica y se permite incrementar la claridad del bloque normativo de la auditoría de cuentas, eliminando la dispersión normativa existente, que siempre dificulta la interpretación y aplicación de las normas.