Así se recoge en la Memoria de Impacto del proyecto de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press y que se basa en una "valoración prudente" del coste del organismo que, en cualquier caso, "podría finalmente reducirse en términos consolidados" si se nombran funcionarios en activo o se ceden espacios de oficinas en "condiciones favorables cuyos costes ya son actualmente sufragados por el Estado".

Según estos cálculos, el nuevo ente gastará unos 2 millones de euros en personal, medio millón en alquileres de dependencias y equipamientos, y unos 700.000 euros por los gastos de publicaciones, comunicaciones y relaciones institucionales, incluyendo los servicios web de publicación de informes y otros gastos corrientes de actividades administrativas y de estudios.

La plantilla con la que contará la Autoridad Fiscal estará formada por unas 24 personas. En concreto, un presidente, dos directores de división –uno para aspectos macroeconómicos y de previsiones económicas, y otro centrado en análisis presupuestario y de gasto público de las diferentes administraciones–, diez expertos de área, cinco técnicos de alta cualificación y seis personas de apoyo administrativo. Su sede estará en régimen de arrendamiento.

Financiación

El Gobierno prevé que la vía fundamental de financiación del organismo sean las tasas de supervisión, que estarán determinadas por ley, y los precios públicos por estudio. Además, podrá contar con otros medios económicos como asignaciones establecidas en los Presupuestos Generales del Estado, y los bienes y derechos que constituyan su patrimonio así como las rentas de los mismos.

Las tasas quedará devengadas cada 1 de enero y deberán ser satisfechas por las administraciones públicas objeto de supervisión, es decir, el Estado, las comunidades autónomas, las ciudades con estatuto de autonomía, las corporaciones locales y la Seguridad Social. Quedarán exentas no obstante las entidades locales cuya base imponible sea inferior a la que se determine presupuestariamente.

La base imponible estará constituida por el importe de los créditos iniciales para operaciones no financieras contempladas en el último presupuesto aprobado por cada administración (en el caso de la Seguridad Social se tomará como referencia los créditos iniciales no financieros del agregado del sistema). El tipo de gravamen se establecerá en la Ley de Presupuestos para cada año, y la recaudación total deberá ser "suficiente para la cobertura del coste" de las actividades del organismo, pero nunca superar el mismo.

De esta manera, los costes quedarán repartidos entre todos los niveles de la administración, y el Ejecutivo prevé que el funcionamiento del organismo tenga un "impacto económico positivo" indirecto, ya que permitirá contar con "unas finanzas públicas saneadas" que "garantizarán una adecuada financiación a medio y largo plazo del sector público".

Y es que, al garantizarse el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria se "incrementará la seguridad percibida por los inversores" y se "reforzará la confianza en la economía española a nivel internacional" lo que, a su vez, redundará en mayores facilidades de acceso a la financiación en mejores condiciones.

Entre las funciones se la nueva Autoridad Fiscal se cuentan emitir informes sobre previsiones macroeconómicas, sobre metodología para calcular las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, y la tasa de referencia de crecimiento; sobre el proyecto de Programa de Estabilidad; el análisis de la ejecución presupuestaria, deuda pública y de la regla de gasto; sobre el establecimiento de los objetivos individuales para las comunidades autónomas y sobre los proyectos de presupuestos de las administraciones públicas, lo que "contribuirá a un mejor control y a una mayor disciplina presupuestaria".