En un comunicado, Gestha asegura que la medida impactaría directamente en 42.000 trabajadores, de los que un 35% gana más de 55.000 euros anuales y a los que iría dirigido el 75% de la exención del IRPF. Además, la práctica totalidad de esas 42.000 personas mayores (97%) son de nacionalidad española y hay casi el doble de hombres que de mujeres.

   Por su parte, la eliminación de la cuota durante un año para los jóvenes que encuentren su primer empleo beneficiaría hasta un máximo de 28.651 jóvenes menores de 30 años y un 2% de los empleados en esta franja de edad, con sueldos de más de 28.000 euros al año.

   Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, estas dos propuestas atacan los principios constitucionales de capacidad contributiva, justicia tributaria y equidad del sistema tributario.

   En concreto, cree que la propuesta de trabajar más allá de la jubilación no es justa porque habría personas en edad de jubilación contribuyendo a Hacienda a través de sus pensiones y otras de la misma edad trabajando sin pagar IRPF. La exención del primer empleo, por su parte, tampoco es justa, porque una parado con prestación sí estaría contribuyendo a las arcas mientras que un trabajador con su primer salario no aportaría nada a Hacienda.

   A su parecer, las dos exenciones rompen los principios de capacidad contributiva y equidad porque los mayores y primeros empleos con sueldos elevados no pagarían IRPF, frente a la tributación que se exige a pensionistas y parados que cobran sus prestaciones.

REFORMAS PARA CORREGIR LOS EFECTOS DE LA CRISIS

   Por el contrario, Gestha defiende reformas fiscales que garanticen una redistribución equitativa de los ingresos y corrijan los efectos más adversos de la crisis, que se ha llevado por delante a buena parte de la clase media entre 2009 y 2014.

   En concreto, reclama reducir la dualidad fiscal del IRPF, elevar los tramos de la tarifa y eliminar las reducciones de la base imponible por aportaciones a planes de pensiones y otros sistemas de previsión social sustituyéndolas por una deducción de cuota.

   A su parecer, estas medidas conseguirían mejorar la progresividad fiscal para cumplir con los principios de equidad y progresividad, al tiempo que podrían paliar el desplome de casi el 13% de los ingresos tributarios desde 2007 y el aumento en 60.000 millones de la economía sumergida.