El principal punto de discrepancia que impedía el compromiso es que la Eurocámara, que cuenta con el apoyo del Banco Central Europeo (BCE), exige que las multas sean casi automáticas. En contraste, los Veintisiete desean conservar un mayor margen de maniobra político antes de lanzar los procesos sancionadores a los países endeudados o poco competitivos.

La presidencia polaca ha presentado una propuesta de compromiso intermedia para contentar a la Eurocámara. Según ésta, los procedimientos sancionadores contra los Estados miembros que no respeten los objetivos de estabilidad presupuestaria se lanzarán de forma automática a propuesta de la Comisión, salvo que una mayoría simple de países se oponga.

El Parlamento Europeo y el BCE exigían que las multas se desencadenaran automáticamente a menos que el Consejo las rechazara por mayoría cualificada. El objetivo es reforzar la independencia de la Comisión y prevenir las interferencias políticas de los ministros de Economía durante el proceso sancionador. Se trata de evitar lo ocurrido en 2003, cuando Alemania y Francia frenaron las sanciones que reclamaba el Ejecutivo comunitario y dinamitaron el Pacto de Estabilidad.

Pese a que el compromiso polaco reduce el nivel de automatismo, los ponentes de la Eurocámara consideran que es "muy positivo" y "va en la buena dirección", según han informado fuentes parlamentarias. La mayoría cualificada inversa sí se aplicaría para avanzar en las siguientes fases del procedimiento sancionador.

No obstante, el acuerdo todavía está pendiente de que todos los Estados miembros acepten el compromiso polaco y de acabar de perfilar la redacción, según las fuentes consultadas. Las negociaciones proseguirán la semana que viene y el nuevo sistema de multas podría aprobarse en el pleno de finales de septiembre.

Las nuevas sanciones se activarán en una fase temprana para prevenir que los problemas se agraven. Si un país no realiza los ajustes necesarios para acercarse al equilibrio presupuestario, la UE le obligará a bloquear un depósito generador de intereses del 0,2% de su PIB. Cuando se sobrepase el 3% de déficit se le retendrán los intereses, y el depósito se transformará en una multa si el Gobierno afectado no ha tomado las medidas exigidas para corregir el déficit.

Aparte de endurecer el procedimiento por déficit excesivo, la norma crea un nuevo expediente sancionador por desequilibrios excesivos, que se traducirá en multas de hasta el 0,1% del PIB (en el caso de España, 1.000 millones de euros) para los países de la eurozona que no adopten las medidas recomendadas para frenar su pérdida de competitividad, por ejemplo para los que no eviten la aparición de burbujas inmobiliarias.

También se castigará a los Estados que no actúen para corregir su déficit por cuenta corriente. Pero sigue negociándose cómo se actuará con los países como Alemania, que acumulan un gran superávit por cuenta corriente.

Otra cuestión que todavía no se ha cerrado es concretar cómo podrá solicitar la Eurocámara la comparecencia de los ministros de Economía de los países con problemas de deuda, que en todo caso no será obligatoria.