Los cambios no afectarán a las multas de aparcamiento y, además, se pondrá en marcha sin Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, que han optado por no participar. Los demás países tendrán un plazo de dos años para transponer a su legislación el cambio normativo, una vez que los Veintisiete den su visto bueno formal a este texto, que ya ha sido pactado entre el Consejo y la Eurocámara.

En concreto, la nueva norma se aplicará a infracciones como el exceso de velocidad, no llevar el cinturón de seguridad, saltarse un semáforo en rojo, conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, hablar por teléfono al volante, circular por una vía no permitida (como el carril bus), no llevar el casco y no respetar la distancia de seguridad.

La ponente del texto adoptado este miércoles por la Eurocámara, la española Inés Ayala (PSOE) ha recordado el compromiso de la UE para reducir a la mitad el número de víctimas mortales en la carretera en el periodo 2010-2020 y ha dicho que para ello son necesarias "nuevas medidas importantes" como ésta, con la que estima que "se puedan evitar 400 muertes cada año en accidentes de tráfico, sin contar a los heridos".

De acuerdo a la nueva regla, las autoridades nacionales del país de matriculación deberán comunicar los datos del conductor del vehículo (nombre y dirección) al Estado miembro donde se haya cometido la infracción, mediante un sistema que ya existe. Posteriormente, el país de la infracción enviará una carta al titular del vehículo en su idioma en la que se le informará de la infracción cometida y del importe de la multa. El país de matriculación estará obligado a facilitar los datos de los infractores, pero no podrá imponer ningún tipo de sanción por cuenta propia.

Además, los eurodiputados han impulsado el refuerzo de las obligaciones sobre protección de datos personales, de forma que la información sobre el infractor será suprimida una vez que se haya cerrado el procedimiento.