El objetivo de estos subsidios, que necesitan aún la aprobación formal de los Veintisiete y del pleno de la Eurocámara, es el de ampliar temporalmente los ingresos de estos trabajadores o financiar su formación mientras encuentran un nuevo empleo. Las autoridades españolas solicitaron la contribución comunitaria para un programa que tendrá un coste total de 2,5 millones de euros.

En concreto, se costearán medidas dirigidas a ofrecer servicios como el asesoramiento y orientación individual, evaluación de las competencias y recolocación, tutoría, formación general y reciclaje, formación profesional individual, promoción del emprendimiento y apoyo al mismo, incentivos a la participación y una contribución a los gastos de desplazamiento.

En 2010, los trabajadores que perdieron su puesto de trabajo en el sector de la construcción representaron el 28,18 por ciento del total de despidos en la Comunidad Valenciana, mientras que en 2007 solo habían representado el 6,3 por ciento, según datos ofrecidos por la Comisión Europea.

La comisión europarlamentaria ha pedido "la mayor celeridad posible" a las instituciones europeas para dar los pasos pendientes para desbloquear los fondos. Para ello, el Consejo se pronunciará el próximo 26 de marzo y el pleno del Parlamento Europeo emitirá su voto el día 29.

El FEAG se creó en 2008 para ayudar a los trabajadores despedidos como consecuencia de los cambios en el comercio mundial por la globalización o la crisis y cuenta con un tope de 500 millones de euros anuales. Según datos comunitarios, unos 43.000 ciudadanos se han beneficiado de este fondo.