La idea de un régimen único para calcular las bases imponibles contribuirá a que las empresas "puedan consolidar los resultados de sus filiales" y compensar con ello las pérdidas que pudieran registrar alguna de las sociedades del grupo, según ha explicado la ponente del informe adoptado este jueves en Estrasburgo (Francia), la eurodiputada belga Marianne Thyssen.

Con ello se quiere favorecer que las empresas mantengan sucursales en diferentes Estados miembros y reduzcan la carga burocrática, ha dicho Thyssen, porque los aspectos económicos y sociales serán "más importantes que las razones puramente fiscales" a la hora de elegir ubicación.

La propuesta del Ejecutivo comunitario plantea que la armonización sea obligatoria para los países de la Unión Europea, pero voluntaria para sus empresas, que podrían elegir entre el régimen común o seguir ajustándose a los nacionales, en función de cuál les sea más beneficioso.

Sin embargo, los eurodiputados piden que sea de carácter obligatorio después de un periodo transitorio. Así, la base imposible común se aplicaría inicialmente a las empresas cooperativas transnacionales y, tras cinco años, se ampliaría a todas las demás, con la excepción de las pymes que podrán elegir quedarse al margen.

Además, Bruselas podrá reducir los costes administrativos de las pymes para permitir que puedan beneficiarse de la nueva base imponible si tienen actividad en varios países de la UE, según un comunicado de la Eurocámara.

Según anunció la Comisión cuando presentó la propuesta en 2011, la base común ahorraría a las empresas europeas 700 millones de euros anuales por los menores costes administrativos, y 1.300 millones de euros al poder consolidar los beneficios y las pérdidas que obtienen en los diferentes Estados miembros donde operan. Además, las compañías que deseen expandirse fuera de sus fronteras conseguirán un ahorro de hasta 1.000 millones de euros.