La directora general de la Agencia Tributaria (AEAT), Beatriz Viana, ha rechazado durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso la propuesta del PSOE de centralizar los datos tributarios en una oficina única, defendiendo que el sistema de coordinación con las agencias autonómicas y locales funciona suficientemente bien.

El portavoz de Hacienda del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, ha preguntado a la directora general si consideraría necesario crear una oficina centralizada de lucha contra el fraude que integrara no sólo a la AEAT sino también a las agencias autonómicas y municipales, así como crear un base de datos centralizada con toda la información tributaria.

Ante esta propuesta, Viana ha recordado que el nuevo modelo de financiación autonómica ya crea "un importante marco de colaboración" con las agencias regionales, y ha recordado al diputado socialista las "dificultades que existirían para crear un órgano de este tipo".

En cualquier caso, ha asegurado que "se potenciarán los mecanismos de colaboración y coordinación" y se avanzará "de manera decisiva en el intercambio de información para la persecución, especialmente del fraude", así como para ampliar la "corresponsabilidad" entre las administraciones tributarias.

Oficina antifraude

Con respecto a los ceses dictados por el Gobierno en la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude (ONIF) criticada por los socialistas por ver detrás "razones políticas", la directora general de la AEAT ha recordado que sólo se trató de seis personas que ocupaban "cargos de libre designación", por lo que su destitución entra en la lógica de un relevo de Gobierno.

"Los otros 200 funcionarios de la Oficina siguen en sus cargos, y a las jefaturas también han accedido profesionales de reconocido prestigio, como eran los anteriores, así que no hay que temer que la lucha contra el fraude se vea perjudicada", ha dicho, recordando asimismo que los buenos resultados cosechados el pasado año "no son atribuibles sólo a los trabajadores de la ONIF sino de todos los funcionarios de la Agencia Tributaria".

En este sentido, ha calificado de "evidente" el compromiso del Gobierno en la lucha contra el fraude, y ha defendido que los objetivos son "perfectamente posibles" pese a la reducción presupuestaria gracias a las medidas para la racionalización y el uso óptimo de los recursos y al nuevo paquete de medidas para luchar contra el fraude que el Consejo de Ministros presentó el pasado viernes.

Nuevas medidas de lucha contra el fraude

En concreto, Viana considera que las medidas son "muy ambiciosas y de gran relevancia", citando expresamente la obligación de informar sobre cuentas en el extranjero y el "riguroso" régimen sancionador asociado al descubrimiento de estas cuentas, además de la "imprescriptibilidad" de estos delitos. "Es un régimen sancionador muy duro y desincentivador de este tipo de conductas", ha dicho.

También ha aplaudido la "regularización extraordinaria" de fondos no declarados, una "medida excepcional en un momento en que es imprescindible atender los requerimientos de reducción de déficit público sin obstaculizar la actividad económica", si bien no ha contestado a la pregunta del PSOE sobre qué criterios se han utilizado para calcular que la recaudación llegará a los 2.500 millones de euros ni cuánto se recaudará con todo el conjunto de medidas.

Economía sumergida

El diputado Pedro Saura también ha aprovechado la ocasión para referirse a la economía sumergida, que se estima en unos 80.000 millones de euros, que de sacarse a la luz servirían para evitar recortes en materias sensibles como la Sanidad, que supone un coste anual de unos 65.000 millones de euros, según sus datos. "Probablemente los recortes en Sanidad no tendrían que haberse producido ni haberse planteado el copago si hubiera un plan ambicioso de lucha contra el fraude", ha añadido.

Sin embargo, la directora general de la AEAT le ha replicado que las estimaciones "no son oficiales" porque "no hay ningún organismo nacional o internacional que haya cuantificado la economía sumergida", ya ha asegurado que "la lucha contra la economía sumergida es prioritaria en lucha contra el fraude" y que el Gobierno también ha tomado medidas en este sentido, como "por ejemplo limitar el régimen de módulos en algunos sectores porque afecta a los sectores generadores de facturas falsas hasta la fecha".