Desde el tercer trimestre de 2007, periodo en el que arrancó la crisis económica, hasta el primer trimestre de 2012, los empleos perdidos alcanzan los 3.077.400, lo que supone una reducción acumulada del 15%. A cierre del pasado mes de marzo, el número de ocupados se situaba en 17,43 millones de personas.

"Esta crisis no tiene comparación alguna con las dos más graves sufridas con anterioridad", subrayan los autores del estudio, que inciden en que la crisis de principios de los 80, pese tener una duración similar a la actual, mostró una magnitud inferior.

En el caso de la crisis de los 90, la comparación con la actual situación de la economía española queda "muy lejana", tanto en duración como en pérdida de empleo.

Tras los malos resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre, las expectativas de aumento del empleo para el segundo trimestre, que suele ser bueno para el mercado laboral, se han visto "claramente deterioradas", en opinión de AFI y Agett.

En concreto, ambas entidades estiman que la ocupación registrará un retroceso interanual del 4,5% hasta julio, lo que situará el número de ocupados en niveles similares a los actuales (17,4 millones).

5.000 euros de gasto en cada desempleado

La mayor parte del presupuesto estatal de este año para políticas de empleo, el 83,3%, irá destinado a pagar las prestaciones por desempleo, con un montante de 28.805 millones de euros, inferior en un 5,5% al de 2011. En el caso de las políticas activas (las destinadas a fomentar el empleo), el Estado invertirá en ellas este año un total de 5.679 millones de euros, un 21,3% menos que en 2011.

Estos datos suponen que el Estado destinará este año 1.000 euros por parado para incrementar sus posibilidades de encontrar un empleo, 466 euros menos que en 2011, y 5.000 euros para pagar sus prestaciones por desempleo.

De los casi 5.800 millones de euros presupuestados en 2012 en políticas activas, el 45% se dedicarán a bonificar a las empresas que contraten desempleados durante el ejercicio en curso.

A la formación se destinarán el 31% de los recursos (dentro de ella el 12% irán a parados y el 15% a ocupados), mientras que casi el 10% del presupuesto en políticas activas se invertirá en la recualificación de trabajadores que han agotado ya sus prestaciones por desempleo, "probablemente uno de los colectivos que más se incremente en los próximos meses", según prevén AFI y Agett.

Aunque no se conocen al detalle los presupuestos autonómicos para este año, los autores de este informe creen que se seguirá un patrón similar al de 2011, de tal forma que las regiones con tasas de paro más elevadas sean las que realicen un mayor esfuerzo en políticas de fomento del empleo sobre el total de su gasto social, entre ellas Extremadura, Canarias, Andalucía, Castilla-La Mancha y Asturias.

José Antonio Herce, socio director de AFI, asegura que la reducción del gasto en desempleo "no se compadece" con el aumento del paro previsto para 2012 ni con las afirmaciones del Gobierno de que no modificará los requisitos y cuantías de estas ayudas. En opinión de Herce, las prestaciones por desempleo deberían "condicionarse cada vez más para que rindieran resultados de empleo".