La Comisión Europea ha propuesto una norma cuyo objetivo es facilitar que las fundaciones de interés social que trabajan en ámbitos como la sanidad, la investigación o la cultura puedan operar en más de un Estado miembro, superando las trabas y los costes provocados en la actualidad por las diferencias entre las legislaciones nacionales.

En el conjunto de la UE hay en la actualidad alrededor de 110.000 fundaciones de interés social, cuyo gasto anual asciende a 83.000 millones de euros, y que dan empleo a un millón de personas, a las que hay que sumar otro millón que trabajan como voluntarios, según los datos de Bruselas. En España, el 44% de las fundaciones son de carácter cultural.

Los costes de las barreras a las que se enfrentan las fundaciones en su actividad internacional ascienden a entre 90 y 102 millones de euros al año. Ello reduce la cantidad de fondos disponibles para sus actividades que benefician al conjunto de la sociedad.

Para superar estos problemas, la propuesta persigue crear una única forma jurídica europea, la *Fundación Europea*, que sería fundamentalmente la misma en todos los Estados miembros y que coexistiría con las fundaciones nacionales. La obtención del estatuto de Fundación Europea será de carácter totalmente voluntario. Para lograrlo se deberá demostrar la utilidad pública, la dimensión transfronteriza y que se dispone de un nivel mínimo de activos de 25.000 euros.

El estatuto aportará a las Fundaciones Europeas una etiqueta e imagen europeas al efecto de hacerlas reconocibles y fiables y, en consecuencia, estimular sus actividades transfronterizas, así como las donaciones transfronterizas.

Las Fundaciones Europeas se beneficiarán del mismo régimen fiscal aplicable a las fundaciones nacionales. Los donantes que apoyen a las Fundaciones Europeas tendrán derecho a los mismos beneficios fiscales que recibirían de efectuar su donación a una fundación establecida en su propio Estado miembro.