AMA entiende que la "filosofía" de dicha ley supone "un avance importante" en la garantía de los derechos de los ciudadanos ante las administraciones, y quiere exponer el "vacío legal", que se produce a su juicio, cuando éstas son condenadas, pero "el peso de la justicia" no recae sobre ellas, sino "sobre los propios ciudadanos que no tienen responsabilidad alguna y que son doblemente maltratados", señala en un comunicado.

Para ello, pedirá a los grupos parlamentarios medidas legislativas que "mejoren" la situación de los ciudadanos ante las administraciones en sus "justas reclamaciones", así como que incorporen a sus programas electorales, de cara a los comicios del próximo 20 de noviembre, "instrumentos" que puedan prever soluciones a este tipo de situaciones de "injusticia".

A la asociación le parecen "positivas" las propuestas que le ha trasladado el Grupo parlamentario Regionalista, a través de su portavoz, Rafael de la Sierra, entre las que figura proponer una Comisión de Seguimiento para las actuaciones de las sentencias de derribo.

Otra de ellas consiste en una iniciativa del Parlamento de Cantabria para apoyar la ley 2/2011, conocida como "la de indemnizaciones antes del derribo".

También plantea pedir al Gobierno que presente ante el Parlamento sus iniciativas sobre las sentencias de derribo para cumplir las leyes de 26 de julio de 2010 y 4 de abril de 2011.

El PRC propone además medidas financieras y presupuestarias que hagan posible el cumplimiento de la ley 2/2011 de 4 de abril, así como apoyar las iniciativas que hagan que la misma tenga "mayor recorrido", sin descartar alguna que la "mejore".

AMA recuerda que para el PRC la ley "cumple todos los parámetros constitucionales, no intenta impedir ninguna ejecución de sentencia" y su objetivo es "el cumplimiento de las obligaciones de las administraciones con los ciudadanos".

En cuanto al Grupo parlamentario Socialista, señala que les ha manifestado, a través de su portavoz, Rosa Eva Díaz Tezanos, y del ex-presidente del Parlamento Miguel Ángel Palacio, que el Gobierno "tiene que hacer ahora las cosas que prometió en la oposición" y por las que "le votaron muchos ciudadanos", entre ellas "los compromisos adquiridos con los afectados por las sentencias de derribo".

Para el PSOE, la ley 2/2011 debe ser desarrollada "lo antes posible", ya que "se queda muy corta" con las propuestas que presentó el PP ante el Parlamento de Cantabria en la pasada legislatura.

Considera además, según AMA, que se debe trabajar para garantizar el cumplimiento de todas normas aprobadas por el Parlamento de Cantabria y la ley 2/2011 de 4 de abril "no puede ser una excepción".

La asociación anuncia por último que en los próximos días seguirá teniendo contactos con las diferentes partidos políticos, tanto en el ámbito autonómico, como estatal, "en busca de soluciones y de mejorar la legislación en materia de responsabilidad patrimonial".