"La Ley de Transparencia está forjando consensos para que sea un proyecto unánime de la Cámara, no solo del Gobierno". Estas declaraciones han sido realizadas por Esteban González Pons, en el seno del IV encuentro de los Desayunos Parlamentarios organizados por Grupo Francis Lefebvre que, en esta sesión, ha tenido como protagonista a la futura Ley de Transparencia que se está tramitando actualmente en el Congreso.

El vicesecretario general de Estudios y Programas del Partido Popular describe esta ley como una "deuda con nosotros mismos", siendo España el único país del entorno europeo que carece de una legislación en este sentido, e "imprescindible" en una sociedad donde la aparición de las redes de comunicaciones telemáticas "ha traído el conflicto" entre la intimidad y la publicidad.

González Pons ha señalado que la futura norma cambiará el paradigma del derecho constitucional y administrativo español y, a partir de ahora, "nuestro derecho público será principalmente un derecho de la transparencia", en cuanto que se apoya en tres vertientes: la transparencia de las administraciones públicas, el derecho a la información pública como un derecho subjetivo y una serie de pautas de Buen Gobierno, con sanciones por incumplimiento.

Órgano de control

El diputado del PP ha confirmado las declaraciones que ya hiciera la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, sobre la creación de un consejo independiente que vigile el cumplimiento de la ley "con los perfiles y especialización exigidos".

La creación de este órgano no conllevaría memoria económica ni supondría recursos adicionales a la administración, "que tiene que poner en marcha los portales de transparencia".

Un derecho de acceso con limitaciones

Esteban González Pons se ha referido también al derecho de acceso de los ciudadanos a la publicidad tanto activa –información que las instituciones están obligadas a ofrecer a los ciudadanos-, y la pasiva –información que las administraciones no tienen la obligación de proporcionarla, solo cuando es requerido hacerlo-.

Un acceso que en su opinión ha de estar limitado, en este caso, por el derecho a la intimidad –como derecho fundamental recogido en la Carta Magna-, y por la defensa de la seguridad nacional. Asimismo, se establece un régimen de silencio administrativo negativo al no considerar el recibir información pública como un derecho fundamental sino esencial. "Si no existe un equilibrio entre la transparencia y la intimidad y el derecho de acceso siempre es positivo, estaríamos sometiendo la intimidad a la transparencia", argumenta.

La Corona y los sindicatos, en la Ley

El diputado popular ha confirmado que los partidos políticos y los sindicatos estarán recogidos en la ley, así como la "Casa del Rey", que se someterá al mismo régimen que el Congreso, el senado y el Tribunal Constitucional, además de entidades privadas que cuenten con un porcentaje de financiación –aún sin definir-, proveniente de las arcas del Estado.

También lo están el Consejo General del Poder judicial (CGPJ), el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Consejo Económico y Social, así como las instituciones económicas análogas, corporaciones de derecho público, personas físicas o jurídicas que ejerzan funciones en el sector público, licitadores y adjudicatarios de concursos y contratos públicos.

Quedarán excluidos el Tribunal Supremo y los órganos jurisdiccionales.

Buen Gobierno

La última parte de la futura Ley de Transparencia se refiere al Buen Gobierno, "algo esencial para nuestra democracia", señala González Pons. Por ello, comprende un conjunto de valores éticos y exigibles a un buen gobernante cuyo incumplimiento aparejaría sanciones económicas e incluso, la inhabilitación.

Esteban González Pons estuvo acompañado en el IV Encuentro Parlamentario de Juan Pujol, consejero delegado de Grupo Francis Lefebvre, y Susana Camarero, diputada de las Cortes.