"Es más apropiado hablar de un gran pacto de rentas, en el que se moderen también los beneficios distribuidos haciendo que se destinen a inversión y empleo, moderando también los márgenes de distribución porque están haciendo que nuestro modelo de precios nos separe sistemáticamente del resto de países europeos y termina provocando que los crecimientos salariales nominales sean mayores", ha afirmado Gómez en declaraciones a la SER recogidas por Europa Press.

El ministro ha señalado que si el acuerdo se centrara sólo en al moderación salarial "al final, legítimamente, los trabajadores dirán que por qué son ellos los únicos que colaboran en el proceso". "Para que estas políticas sean creíbles, tienen que estar todos en el mismo barco, en el barco del sacrificio, el rigor y la austeridad", subrayado.

Gómez espera que sindicatos y empresarios sean capaces de alcanzar el acuerdo antes de las elecciones generales y ampliar así, hasta 2014, el acuerdo interconfederal de negociación colectiva (ANC), cuya vigencia expira en 2012.

MÁS ACUERDOS SOCIALES EN CRISIS.

El ministro ha reconocido que los agentes sociales siempre han tenido más facilidad de encontrar acuerdos en situaciones de auge que en situaciones de crisis, no en relación con los salarios, donde sí han sido capaces de lograrlo, sino en lo que respecta a las grandes reformas laborales.

"Es un déficit de nuestro modelo de diálogo social", ha admitido el ministro, que considera que la política ha influido en la conducta de los empresarios, "quienes no han valorado suficientemente bien las circunstancias económicas y han valorado más la evolución del ciclo político pensando en un hipotético cambio de gobierno", ha denunciado.

"Tengo la impresión de que en la última parte de la legislatura, después de la firma del acuerdo de pensiones, ha habido un cierto viraje de los empresarios (…) Se interrumpió el ciclo de acuerdos en el momento en el que hubo que reformar la negociación colectiva. Eso fue en abril y mayo de 2011, muy próximo a la convocatoria electoral del 22 de mayo. Analicemos las fechas y quizá extraeremos alguna conclusión", ha dicho el ministro.

Gómez ha asegurado que, legítimamente, puede haber empresarios que piensen que con un hipotético cambio de gobierno les va a ir mejor, pero les ha recordado que "los únicos gobiernos que han rebajado las cotizaciones sociales y que han impulsado una política de estímulos a la contratación han sido los gobiernos socialistas en 30 años de democracia".

"Tenemos que buscar más capacidad de consenso entre los interlocutores en situaciones de crisis como las nuestras. No es razonable, a excepción del magnífico acuerdo de pensiones, que no se hayan alcanzado acuerdos en lo estrictamente laboral durante la crisis", ha resumido.

EL PARO SUBIRÁ PERO MENOS.

Preguntado por cómo se comportará el paro en agosto, el ministro ha señalado que el desempleo irá a mejor y crecerá menos de lo que lo hizo el año pasado, cuando subió en 61.063 personas.

Gómez ha explicado que el mes de agosto era antes bueno para el empleo, pero que en los últimos diez, quince años, se ha convertido en un mes malo debido a "ciertas prácticas empresariales".

"Se suele aprovechar agosto para rescindir contratos y volverlos a hacer pasado el mes. Es una forma de obtener el pago de las vacaciones a costa del Servicio Público de Empleo. Son prácticas perseguidas y cada vez más controladas", ha añadido.

NUEVA REFORMA.

El ministro se ha referido también al decreto de medidas laborales que se aprobó el viernes en el Consejo de Ministros y que tiene como medidas principales la creación de un nuevo contrato de formación y la suspensión, durante dos años, del límite para encadenar contratos temporales.

Gómez ha explicado que el nuevo contrato trata de dar respuesta a los más de 700.000 jóvenes en paro que no tienen siquiera la enseñanza secundaria obligatoria, y ha insistido en que la regla que hace fijos a los temporales que lleven dos años encadenando contratos en la misma empresa está produciendo ahora más paro que empleo indefinido. De ahí que se haya decidido interrumpirla.

El ministro ha reconocido que en España hay una parte de la temporalidad que no está justificada, pero ha recordado que la tasa actual, del 25%, es diez puntos inferior a la que se registró en la crisis de los 90. Para Gómez, aunque se ha avanzado mucho en su reducción, el objetivo debe ser el de llevar esta tasa a entre el 17% y el 20%, como en otros países europeos.

Respecto a por qué no se ha reformado el contrato a tiempo parcial, tal y como se había previsto en un principio, el titular de Trabajo ha afirmado que se ha debido a dos razones: a que el contrato a tiempo parcial es el único que está funcionando en la crisis y a la "absoluta lejanía" entre las posiciones de empresarios y sindicatos.

Los primeros querían una especie de contrato ‘a llamada’, con excesivos mecanismos de flexibilidad, ha dicho el ministro, mientras que los sindicatos no querían tocar demasiado estos aspectos del contrato.

"Nos pareció mejor no tocar este contrato y centrarnos en el contrato para la formación. En este momento no se va a tocar el tiempo parcial pero, desde luego, el Gobierno tiene que gobernar en ausencia de diálogo", ha concluido.