El Gobierno y las comunidades autónomas crearán un grupo de trabajo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se reúne este jueves, con la finalidad de estudiar en los próximos meses nuevos objetivos de déficit regionales, que podrían modificarse y establecerse de manera asimétrica si Bruselas acepta una flexibilización para el déficit público de España.

Este será uno de los asuntos que se traten en el CPFF de hoy, la organización de un grupo que estudie la aplicación del artículo 16 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Este artículo permite la fijación de un objetivo de estabilidad y deuda pública para cada autonomía, una vez fijados los objetivos para el conjunto.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha explicado que la diversidad en el cumplimiento del déficit ha sido un hecho en 2012. "Por primera vez, las comunidades autónomas se han abierto en abanico y hay mucha diferencia", ha explicado. El ministro ha dejado claro sin embargo que esta distribución de nuevos valores de déficit autonómicos "nunca" será ‘a la carta’. "A la carta significa que elegimos cada uno, y eso no es así nunca", ha dejado claro el ministro.

La comunidad que con más interés reclamará este jueves esta flexibilización del déficit será la catalana, que no ha cerrado sus Presupuestos para este año, entre otras cosas, a la espera de lograr un margen mayor que el 0,7% establecido ya.

El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, ha garantizado que acudirán al encuentro con espíritu de "diálogo" y voluntad de llegar a acuerdos, pero también con datos que avalan esa posibilidad de flexibilizar los objetivos.

Una posibilidad que ya existe

La posibilidad de que se fijen objetivos diferentes para cada comunidad existe antes de que se aprobara la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aunque habitualmente el Consejo de Política Fiscal y Financiera opta por fijar un mismo objetivo para cada región para evitar diferencias entre ellas.

En concreto, la ley dice que el Gobierno tiene que fijar los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda para todas las administraciones en el primer semestre de cada ejercicio, previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de la Administración Local.

Una vez que se aprueben los objetivos globales en las Cortes, el Ministerio de Hacienda debe formular una propuesta a cada una de las comunidades autónomas sobre la que tiene que pronunciarse el Consejo de Política Fiscal en un plazo de 15 días.

Ante la dificultad de llegar a un acuerdo sobre diferentes objetivos para las regiones, el Consejo de Política Fiscal suele inclinarse por fijar el mismo dato para todas. Este año, el Gobierno creará un grupo de trabajo para estudiar la fórmula que permita objetivos diferentes en función de las necesidades de cada comunidad.

Orden del día

Gobierno y comunidades tienen en la agenda del Consejo otro buen número de asuntos pendientes, puesto que tienen previsto crear otros dos grupos de trabajo, revisar cuatro informes y abordar el funcionamiento del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y del plan de pago a proveedores de este año.

El ministro y los consejeros de Hacienda revisarán cómo se cumplieron los planes de ajuste al déficit en el último trimestre de 2012 y la reducción del sector público autonómico, puesto que en algunos casos se considera que el ritmo está siendo lento.

Además, estudiarán las necesidades de financiación que las autonomías tuvieron en 2012 y el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad en el año 2011.

Por otro lado, se creará un grupo de trabajo sobre la revisión del sistema de financiación autonómica, empeño de bastantes gobiernos regionales que se consideran perjudicados por la ley actual, como es el caso de Madrid.

La revisión del sistema debe iniciarse este año puesto que concluye la vigencia de la actual ley y debería prepararse una nueva en 2014. En la última Conferencia de Presidentes, celebrada en octubre de 2012, se acordó crear un grupo de trabajo dentro del Consejo de Política Fiscal, que es el que se constituirá este jueves.

El Ejecutivo y las autonomías también crearán un grupo de trabajo sobre racionalización administrativa y reducción de trabas burocráticas.

Las últimas ocasiones en que se reunieron autonomías y Gobierno en este foro de política fiscal tuvieron lugar en julio del año pasado, el 12 y el 31, cuando quedaron fijados los objetivos de déficit. Tras el verano, se esperaba la convocatoria de una nueva reunión para revisar la ejecución de los planes de ajuste y del cumplimiento de los objetivos, pero los sucesivos procesos electorales autonómicos (Galicia, País Vasco y Cataluña) fueron retrasando la fecha.