Por tanto, los 12.318 millones recuperados en 2014, aunque representan un avance del 12,5% respecto al año anterior, y de un 7% más que en 2012, no son suficientes para frenar la escalada de la economía sumergida, que alcanza el 24,6% del PIB, más de 253.000 millones de euros, según un comunicado de Gestha.

A la vista de estos datos, Gestha considera que Hacienda puede multiplicar por cuatro sus resultados para empezar a ganarle terreno a la economía sumergida, a través de estudios oficiales de economía sumergida, control parlamentario de sus actuaciones, bases de datos compartidas entre la AEAT y las Haciendas autonómicas, y aumentar las responsabilidades y competencias de la plantilla en la lucha contra la evasión tributaria.

Los Técnicos destacan la caída en la presentación de declaraciones complementarias voluntarias en 282 millones, lo cual se contradice con el afloramiento de bienes situados en el extranjero, por lo que exigen al ministro de Hacienda que diferencie entre aquellos bienes que estaban o no declarados y, entre estos últimos, que desglose los que deben tributar en España.

También reclaman emplearse más a fondo en la investigación de los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012. Los Técnicos ven positivo el hecho de que se haya iniciado la comprobación de 705 contribuyentes con indicios de blanqueo de capitales. Sin embargo, tal y como solicitaron en 2012, esta comprobación debe extenderse a la totalidad de los 31.000 contribuyentes acogidos a la amnistía, puesto que esta primera tanda de 705 personas que pudieron blanquear capitales gracias a esta polémica medida representa solo el 2,3% del total de los amnistiados.

Tasa de morosidad

Además, los Técnicos lamentan que el director de la AEAT no haya cuantificado la tasa morosidad de las deudas tributarias, cuyo último dato a septiembre de 2012 era de 49.304 millones de euros pendientes de cobro, ni tampoco se ha informado de la calidad las liquidaciones, cuyo último dato conocido revela que casi la mitad son anuladas por los Tribunales económico-administrativos (TEA) o por los Tribunales de Justicia.