Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) aseguran que subir el IVA, recortar el sueldo de los empleados públicos y congelar las pensiones aportaría una recaudación de 14.000 millones anuales, cifra que también se podría conseguir con la creación de un nuevo tipo del Impuesto de Sociedades para las grandes empresas.

Gestha cree que el alza del IVA, de los Impuestos Especiales y de otros impuestos indirectos tan sólo elevaría en unos 8.000 millones de euros la recaudación del Estado, mientras que el recorte del 5% del sueldo a más de 2,6 millones de empleados públicos en el conjunto de administraciones supondría un ahorro de 4.500 millones de euros.

Por su parte, la congelación de las pensiones (tanto las contributivas de la Seguridad Social como de las clases pasivas) a más de nueve millones de pensionistas únicamente se traduciría en un ahorro de 1.530 millones de euros.

Pese al impacto positivo para las arcas públicas, Gestha advierte de que la puesta en marcha de estas medidas reduciría "notablemente" el consumo interno, provocando el cierre de centros de producción y el aumento del desempleo, lo que a corto y medio plazo agravaría aún más la recesión de la economía española y el desplome de la recaudación prevista.

Además, considera que la subida del IVA es "injusta", porque aumenta el esfuerzo fiscal de las familias frente a las empresas, y es "regresiva", porque afecta en mayor medida a los ciudadanos con bajos ingresos que a quienes disponen de más.

"Los más perjudicados serán, por tanto, mileuristas y pensionistas", aseguran los técnicos de Hacienda, que proponen una serie de alternativas que permitirían obtener una recaudación similar o incluso superior sin que ello implicase contrapartidas negativas en materia económica o social.

A su parecer, bastaría con aplicar un nuevo tipo impositivo del 35% en el Impuesto de Sociedades a los beneficios que superen el millón de euros anuales -declarados sobre todo por las grandes empresas que superan los 45 millones en ventas- para elevar los ingresos en 13.943 millones de euros anuales, equivalente de por sí a todas las medidas exigidas desde el exterior.

Impuesto a transacciones financieras

Además, sugieren la creación de un Impuesto a las Transacciones Financieras que grave este tipo de operaciones, actualmente exentas de IVA, y afirman que generaría unos 4.500 millones, mientras que la compra de deuda pública española en el mercado primario y la prohibición de las operaciones en corto reducirían en 1.400 millones de euros los gastos del Estado.

Estas medidas, sumadas a una reorganización del Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria para aflorar 1,6 puntos porcentuales de la economía sumergida (actualmente en el 23,3% del PIB) y mejorar el control del gasto público, elevarían la recaudación en otros 6.200 millones de euros, lo que en total sumaría más de 26.000 millones con los que cubrir las necesidades del Estado para asegurar el cumplimiento de déficit y transmitir mayor confianza a los mercados financieros.