En un comunicado, la Fiscalía Superior ha matizado que su actuación pretende amparar a los que son realmente menores y detectar los posibles fraudes que, aprovechando la legislación de menores, puedan cometer los mayores de edad en situación irregular.

Ha detallado que solo se realizan las pruebas radiológicas de determinación de la edad a aquellas personas "de apariencia adulta" que, o bien carecen de cualquier tipo de documentación, o bien no es fiable y no existe un convenio con el país de origen que obligue a dar los datos por válidos.

En cuanto a la fiabilidad de las pruebas de edad, ha asegurado que las instrucciones que se da a los médicos forenses encargados de examinar a estos jóvenes son las de fijar la edad mínima a partir de los resultados, "estando fuera de lugar el que en caso de discrepancia se escoja como resultado válido la prueba que arroja una edad más elevada".

En todos los casos se notifica al menor el resultado y el dictamen y se le pone a disposición de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA) mientras no se presentan alegaciones –en el plazo de cinco días–.

"Es compromiso de esta Fiscalía evitar situaciones de acceso a beneficios concedidos a menores por quienes ostentan la mayoría de edad, y ello con escrupuloso respeto a la legalidad y a los derechos de las personas que se encuentran, aun en situación irregular, en territorio nacional", concluye el comunicado.