Estas instrucciones ya se estaban aplicando con el objetivo de seguir los criterios de austeridad y racionalidad del gasto, afirma Hacienda en una nota acerca de la nueva orden ministerial, en la que se fija el sistema de compensación por gastos en concepto de dietas, desplazamientos y demás análogos para los máximos responsables y directivos del sector público estatal.

El departamento dirigido por Cristóbal Montoro también señala que la norma no afecta a los altos cargos del Gobierno ni al personal de la Administración General del Estado, que están regulados por la normativa sobre Función Pública, donde ya se establecen las mismas disposiciones de la orden hoy publicada.

La orden ministerial de este jueves resulta de aplicación a los máximos responsables y directivos con contratos mercantiles o de alta dirección a los que les sea de aplicación el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades.

El objetivo de la misma es "definir un sistema de resarcimiento de gastos producidos en concepto de dietas, desplazamientos y demás análogos que asegure tanto la aplicación de criterios homogéneos para situaciones similares, como el ajuste este tipo de gastos a criterios de austeridad y racionalidad del gasto público", explica.

La orden ministerial establece, además, criterios de buena gestión dirigidos a introducir normas que aseguren que la gestión de estos conceptos se ajusta a principios de austeridad en el gasto, a los que Hacienda considera "imprescindibles en el actual contexto de restricciones presupuestarias".

Junto a esto, se establece la necesidad de que el gasto quede acreditado documentalmente mediante la correspondiente factura o justificante.

La orden culmina el proceso iniciado con la publicación del Real Decreto ley 20/2012, de 10 de febrero (posteriormente ley 3/2012, de 6 de julio), de medidas urgentes del mercado laboral del Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se fija el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos del sector público empresarial y otras entidades.