Expertos en fraude y prevención de delitos se han reunido en la sede del Consejo General de Economistas para debatir sobre esta materia. La mesa redonda estuvo moderada por Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, y contó con la participación de Luis Trigo, socio director de Broseta Abogados; Miguel Ángel Sánchez Martín, decano del Colegio de Economistas de Tenerife; Luis Rodríguez Soler, director ERS IT Fraude, de Deloitte; y Manuel Vázquez López, jefe de la Unidad Central de la UDEF.

La idea de esta mesa redonda nació durante el último Foro de los Economistas, donde ya hubo un breve debate sobre esta cuestión que suscitó gran interés, por lo que se decidió realizar el acto de hoy dándole un mayor desarrollo y con la participación de los mismos ponentes, dado su elevado nivel técnico.

En la mesa redonda se han analizado las debilidades del entorno, el control y otros factores que pueden incidir en el origen del fraude y los delitos económicos, tanto en la empresa privada como en el sector público, con el objeto de investigarlo y combatirlo, minimizando los daños y los impactos reputacionales.

En concreto, Luis Trigo hizo una análisis de las últimas novedades legislativas en materia de prevención del fraude; Miguel Ángel Sánchez Martín habló sobre la eficacia de la prueba indiciaria en la prevención de blanqueo de capitales; Luis Rodríguez Soler disertó sobre los procedimientos de las empresas para evitar el fraude; y Manuel Vázquez López explicó la forma de operar de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía.

Durante su intervención, Valentín Pich hizo alusión a las encuestas publicadas en los últimos meses por el CIS, en las que se pone de manifiesto que el 75,6% de los ciudadanos cree que la Administración debería dedicar más recursos a luchar contra el fraude y que el 73,3% opina que desde el sector público se hacen pocos o muy pocos esfuerzos al respecto.

En este mismo sentido, el presidente del Consejo General de Economistas también trajo a colación el último informe de la Comisión Europea sobre la lucha contra la corrupción en la UE, según el cual "la crisis financiera ha ejercido una presión adicional a los actuales desafíos económicos, tanto en Europa como en otros lugares. Así, se precisan mayores garantías de integridad y transparencia en el gasto público".

A este respecto, Valentín Pich dijo que "se pone, por tanto, de manifiesto la conveniencia de un proceso de mayor control del sector público, basado en la transparencia y la comprensibilidad, en el que entendemos que la colaboración entre este sector y el privado se hace imprescindible por una doble razón. Por una parte, por la falta de medios de la Administración y la mayor flexibilidad del sector privado para ajustarse a las necesidades tanto temporales como espaciales de cada momento y, por otra, porque es necesario que exista la mayor independencia posible entre quienes ejecutan las políticas de gastos y quienes realizan la labor de control, a través de auditorías". Y añadió: "Es fácil constatar que en el ámbito estatal el grado de control es alto, algo menor en el autonómico y muy débil en el local, de manera que existe un número elevado de entes que se escapan a los controles mínimos deseables".

El presidente del Consejo General de Economistas también ha señalado que la sociedad del bienestar requiere una economía competitiva y sostenible. "Los comportamientos informales atentan contra el cuerpo de este tipo de economía", manifestó. Luego añadió: "las regulaciones legales a este respecto resultan fundamentales, pero también sería necesario realizar campañas de concienciación ciudadana eficaces para cambiar la moral permisiva con el fraude".