Para ello, el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, y el presidente del Consejo Andaluz de Cámaras, Antonio Ponce, han firmado un acuerdo para desarrollar un proyecto piloto en las cámaras de Sevilla y Cadiz, que tendrá un presupuesto de 15.000 euros por parte de la Junta, y por el que se formarán a 18 mediadores en ambas provincias para servir de mediadores en conflictos entre empresas y trabajadores o entre empresas.

Ponce espera que esta experiencia piloto, que después se extenderá al resto de Andalucia cuando se comprueben los resultados, esté en marcha y funcionando a inicios de 2013. Agrega que se ha buscado a personas "muy independientes, que no tengan vinculación con nada ni nadie" y son en gran parte profesionales relacionados con el mundo de la Justicia.

Este servicio será gratuito y voluntario para las partes, si deciden acogerse al mismo. No obstante, en los casos en los que ya se haya acudido al juzgado, se contempla la mediación intrajudicial, esto es, que el juez puede derivar a la mediación si observa que, por el conflicto y su naturaleza, éste puede ser fácil para llegar a acuerdo sin necesidad de continuar con el procedimiento. En ese caso, el juez puede remitir a las partes a la mediación, si las partes lo aceptan.

De Llera precisa que los potenciales conflictos donde puede ser empleada esta figura pueden ser los conflictos sobre ejecución de grandes contratos, conflictos en contratos mercantiles o concursos de acreedores de empresas pequeñas y grandes, unos conflictos que esperan que se solvente "mediante autocomposición, propiciada por la mediación".

Emilio de Llera ha indicado que Andalucía es la segunda comunidad, tras País Vasco, en poner en marcha una experiencia de este tipo, y apunta que la experiencia piloto pretende "perfeccionar la idea, pues aunque la idea es muy positiva, siempre requiere de correcciones y mejoras antes de extenderla a toda Andalucía; preferimos perfilarla todo lo que podamos para facilitar la mediación".

Ha agregado que en el caso de Bilbao está también en rodaje y corrigiendo los inconvenientes que surgen, por lo que Andalucía aprenderá de su experiencia, algo que "no es un camino rápido, vamos a aprender de ellos e implantar la cultura del mediador", asevera De Llera.

En ese sentido, el consejero ha abogado por "ir generando la cultura de la mediación, pues muchos empresarios y la gente de la calle no sabe qué es el mediador; la gente va a ver su abogado pero las cosas cambiarán cuando se busque al mediador, pues la mediación es el futuro y se debe popularizar esa figura".

Tanto el consejero como Ponce consideran que "la mediación es el futuro, pues da agilidad y rapidez a los procesos y es menos costosa; se gana tiempo y dinero tanto las partes como el propio sistema". En ese sentido, ambos han indicado que el proceso judicial "es larguísimo, pues se señalan vistas ya para uno o dos años", ha indicado De Llera, mientras que Ponce precisa que los procesos de mediación "se puede tardar 30, 60 ó 90 días en resolver el conflicto, en función de la naturaleza del mismo".

El consejero, quien destaca la identidad y la identidad de las cámaras de comercio en España y Andalucía y espera que este proyecto "funcione correctamente", considera que esta iniciativa supondrá "descargar de trabajo a los juzgados, pues los sufridos jueces de lo Mercantil y lo Civil están desbordados, por lo que todo lo que sea echarles una mano para poder decidir con más reposo y menos angustia va a beneficiar a los usuarios, a los ciudadanos y a ellos mismos".

La Junta de Andalucía va a desarrollar este proyecto a través de la Fundación Pública Mediara y se va a requerir en ciertos casos la puesta en práctica de protocolos de actuación y la implicación de los jueces con los equipos de mediadores para determinar los casos susceptibles de ser solventados por esta vía.

De esta forma, este proyecto no sólo pretende la resolución previa de los conflictos empresariales antes de que éstos terminen en el juzgado, sino que persigue un objetivo mucho más ambicioso como es el de sacar fuera del proceso judicial aquellos asuntos ya en trámite para que puedan ser solventados extrajudicialmente con el común acuerdo de las partes.