En la sede del Consejo General de Economistas, se ha presentado el estudio "Necesidad de hacer análisis de costes para fijar las tarifas públicas: una obligación legal y un objetivo de transparencia y concienciación ciudadana", realizado por iniciativa del Registro de Expertos Contables, órgano especializado en materia contable de dicho Consejo General.

En el acto han participado el presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich, el presidente del Registro de Expertos Contables, Oriol Amat, y el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, quienes han transmitido algunas conclusiones y recomendaciones.

Conclusiones

Se observa que en el entorno municipal –como práctica muy habitual– la fijación de tasas o precios públicos se lleva a cabo siguiendo criterios que no siempre responden al principio de eficacia. Dicha situación es justificada analíticamente en los informes que garantizan la defensa de la ordenanza fiscal en los tribunales de cuentas, pero sólo en casos muy excepcionales esta justificación corresponde a una verdadera información de costes.

El criterio general para fijar tarifas públicas ha sido más la simple vinculación al IPC que una revisión a fondo de los costes de los servicios. Esto ha sido así porque en la mayoría de las tasas el grado de cobertura del coste es francamente bajo. Algunos estudios internos de grandes corporaciones locales en España informan de un 20% o 30% de cobertura y sólo justificando gastos directos del servicio. En general, las ordenanzas son conforme al derecho ya que están por debajo del coste real en todos los casos.

La crisis económica y los déficits de las finanzas públicas han anticipado muchas decisiones que ahora están siendo objeto de debate público, la última vinculada a la implantación de la nueva Ley de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 2/2012, que parte de los principios básicos de plurianualidad, transparencia y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

Sería conveniente plantear si las Administraciones informan adecuadamente a los ciudadanos, por lo que exponemos algunas reflexiones, a modo de ejemplo:

– Cuando se habla, por ejemplo, de copago y se dice que el usuario financiará un determinado porcentaje del coste, ¿de qué coste hablamos?

– Cuando una Universidad dice que con las tasas que pagan los estudiantes se financia un 30% del coste del servicio, ¿la información que lo justifica es pública?, ¿se aplica la misma metodología a todas las universidades?

– Si los servicios de asistencia domiciliaria que ofrece un Ayuntamiento se pagan en un 10% con las tasas de los usuarios, ¿el ciudadano lo sabe?

– ¿Los ciudadanos que se casan en el Salón de Plenos de un Ayuntamiento deben pagar el coste de la ceremonia o lo debemos pagar entre todos?

Recomendaciones

Conocer los costes de los servicios que ofrecen las administraciones es una necesidad imperiosa siempre, pero todavía más en un momento como el actual, con unas finanzas públicas en una situación comprometida y una fuerte presión fiscal soportada por los ciudadanos. Además el conocimiento de estos costes permite la eliminación de obstáculos innecesarios y desproporcionados para que los ciudadanos accedan a dichos servicios.

Es conveniente realizar una memoria económico-financiera dado que es un instrumento que introduce una total transparencia y motivación en el establecimiento de una auténtica garantía del principio de transparencia, que además, refuerza la seguridad jurídica de los sujetos pasivos, y facilita información completa acerca de la necesidad de establecer la tasa y del modo de financiar el servicio público.

Las recomendaciones principales que se proponen para mejorar la cuestión expuesta son:

1. Concienciar a los ciudadanos de lo que cuestan los servicios públicos y la contribución que reciben como compensación de lo que pagan como contribuyentes. Esto permitiría sensibilizar a los usuarios en el principio del beneficio (pago por uso de los servicios que no son de recepción obligatoria).

2. Incidir en la importancia de que las tarifas públicas se fijen a partir de la contabilidad analítica, tal y como marca la normativa; y ampliando el recorrido y autonomía fiscal de muchos entes públicos.

3. Establecer un catálogo general de tasas para intentar homogeneizar las mismas en la medida de lo posible, evitando que –como ocurre ahora– tasas que tratan de financiar servicios muy parecidos se exijan con parámetros totalmente dispares. Ello contribuiría notablemente a la reducción del personal que debe dedicarse al estudio individualizado en cada municipio y que podría atender a otras cuestiones.

En este sentido, las líneas de actuación que se proponen son:

– Análisis coste/beneficio de todas las políticas públicas como base de la asignación de recursos escasos: replantear las carteras de servicios, políticas de copago y políticas de comunicación y concienciación ciudadana.

– Políticas de compartición de servicios, cooperación inter-administrativa y supresión de duplicidades.

– Transparencia en la actuación pública y sobre la situación económica y financiera de las administraciones, así como el fomento del buen gobierno como valor.

– Visión a más largo plazo, sostenibilidad estructural de las finanzas públicas.

– Mejora del grado de control que se ejerce sobre la actividad económica y financiera del sector público local.