La Comisión Europea ha desvelado este martes en una vista celebrada ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) que España ya ha recuperado el 100% de las ayudas ilegales concedidas a empresas en el marco de las vacaciones fiscales vascas -508 millones de euros, de los cuales la mayor parte, 334 millones, corresponden a Álava- y que sólo tiene pendientes 278.000 euros en intereses.

El objetivo de la vista era determinar si España debe pagar una fuerte multa por la tardanza en el reembolso de estas ayudas. Las subvenciones fueron declaradas ilegales ya en 2001 y contaban con una sentencia en contra de 2006.

Al haberse devuelto ya casi todo el dinero, el Ejecutivo comunitario ha pedido al Tribunal que perdone a España la sanción más grave -que suponía 236.044 euros por día de retraso-, siempre los intereses pendientes se pagan antes de que haya sentencia final, según han informado fuentes judiciales.

Sin embargo, Bruselas mantiene su petición de una multa de 25.817 por cada día transcurrido entre la primera sentencia y el reembolso de la ayuda, que ascendería a alrededor de 60 millones.

Durante la vista, España ha pedido al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre cuál es el método de cálculo que debe utilizarse para calcular el importe de las ayudas a devolver. El motivo es que el Ejecutivo comunitario rechazó los criterios iniciales utilizados por las autoridades españolas y les obligó a recuperar más subvenciones.

Tras la vista de este martes, la abogada general del Tribunal de Justicia, Eleanor Sharpston, publicará en los próximos meses su recomendación sobre si debe imponerse o no una multa a España y sobre su importe, que puede modificar la propuesta de la Comisión. La sentencia final se dictará a continuación.

El caso se remonta a 2001, cuando la Comisión declaró ilegales seis regímenes de ayudas fiscales en vigor en las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya y exigió su devolución.

Las ayudas se concedieron en forma de créditos fiscales correspondientes al 45% de las inversiones que superaban los 15 millones de euros y de exenciones fiscales temporales para reducir de manera sustancial el impuesto de sociedades a las empresas de nueva creación durante los cuatro primeros años que obtuvieran beneficios. El régimen fue derogado pero las ayudas han tardado en recuperarse 12 años.