"No creemos que el ritmo actual sea demasiado rápido o demasiado ambicioso. Al revés, pedimos a la Comisión y pedimos a este Consejo más ambición en unos momentos de profunda crisis económica en Europa", ha explicado el embajador permanente ajunto de España ante la UE, José Pascual Marco, para defender la postura del Gobierno durante el debate de los Veintisiete sobre la tarjeta profesional europea.

"Necesitamos una verdadera y efectiva movilidad de la mano de obra para tener un verdadero y efectivo mercado único y eso es una clave para salir de la actual crisis", ha insistido el representante español.

Aunque el Gobierno español considera que "sería demasiado complejo y costoso emitir una tarjeta profesional ‘sensu estricto’ en aquellos países que no tienen esa profesión regulada", ha confiado en que el Ejecutivo comunitario "encuentre fórmulas intermediadas" y "una solución que permita un efecto equivalente para facilitar la movilidad de los trabajadores".

La introducción de la tarjeta profesional europea es la principal novedad de la reforma de la directiva sobre cualificaciones propuesta por la Comisión el pasado 19 de diciembre. Su objetivo es simplificar y acelerar los trámites de reconocimiento en toda la UE de las cualificaciones profesionales de los trabajadores y facilitar así su desplazamiento allí donde haya demanda de empleo. La demanda de trabajadores muy cualificados aumentará de aquí a 2020 en más de 16 millones de puestos de trabajo en toda la UE, según las estimaciones de Bruselas.

La tarjeta adoptará la forma de un certificado electrónico profesional, que permitirá prestar servicios o establecerse en otro Estado miembro, según la propuesta de Bruselas. También se prevé crear un sistema de ventanilla única, que permitirá a los ciudadanos obtener información en un único lugar sobre los documentos necesarios para el reconocimiento de sus cualificaciones y hacer en línea todos los trámites de reconocimiento.

La reforma actualiza demás los requisitos mínimos de formación de médicos, dentistas, farmacéuticos, enfermeros, comadronas, cirujanos veterinarios y arquitectos, que se armonizaron hace 20 o 30 años, para reflejar la evolución de estas profesiones. Por ejemplo, el nivel de acceso para enfermeros y comadronas se ha actualizado ampliándolo de diez a doce años de enseñanza general.

La Comisión pide introducir un mecanismo de alerta para los profesionales sanitarios que se acojan al reconocimiento automático. Las autoridades competentes de un Estado miembro se verán obligadas a alertar a todos los demás países sobre un profesional sanitario al que una autoridad pública o un tribunal haya prohibido ejercer su actividad profesional.

Esto es especialmente importante, porque hay ejemplos de médicos a los que se ha prohibido ejercer en su Estado miembro de origen y que se desplazan al extranjero a trabajar, sin que los otros Estados miembros estén al corriente de la prohibición, según alerta el Ejecutivo comunitario. Finalmente, Bruselas propone también la introducción de marcos comunes de formación y de exámenes comunes para ampliar el mecanismo de reconocimiento automático a nuevas profesiones.

El comisario europeo de Mercado Interior, Michel Barnier, ha reconocido que "hay que avanzar rápidamente" en la puesta en marcha de la tarjeta y ha dejado claro que la Comisión Europea "decidirá qué profesiones serán cubiertas por esta tarjeta" en base a "una serie de criterios como punto de partida", incluido "que la profesión esté regulada en un número significativo de países".

Barnier ha avanzado que el Ejecutivo comunitario podría no obstante "prever una opción" para facilitar la movilidad de ciudadanos cuyas profesiones "no están reguladas en un país" como por ejemplo emplear "los puntos de contacto en los Estados miembros de origen" para realizar el control necesario para "probar la experiencia profesional" de un trabajador y ha prometido "ir lo más rápido posible" para presentar una "metodología para enmarcar el ejercicio de transparencia y evaluación mutuas" en este sentido.