El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha destacado el carácter "dialogado" del anteproyecto de ley contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, por cuanto "ha sido sometido a debate, consulta e información a los agentes sociales, sindicatos de inspectores y subinspectores y a la totalidad de las comunidades autónomas, informaron en fuentes del gabinete dirigido por Fátima Báñez a Europa Press.

En concreto, recordaron que al texto han realizado todas las parte las aportaciones que han estimado procedentes, muchas de las cuales han sido incorporadas al texto sometido a dictamen, siendo hasta un total de 25 propuestas aceptadas.

Así, en respuesta al Consejo Económico y Social (CES), que este miércoles ha desaprobado el anteproyecto de lucha contra el empleo irregular por inadecuado e "insuficiente", el Ministerio de Empleo y Seguridad Social señala que alguna de las medidas en relación con el empleo masivo de trabajadores en situación irregular que han sido valoradas críticamente por el organismo presidido por Marcos Peña, han sido valoradas "muy positivamente" tanto por el Consejo Fiscal como por el Consejo General del Poder Judicial.

En concreto, señala que ambas instituciones han llegado a afirmar que "los perjuicios ocasionados por estas conductas son evidentes", lo que justificaría, a juicio de ambos organismos, que el Gobierno postule una adecuada tipificación de las mismas.

Además, Empleo indica que para la elaboración del plan se contó con "el importante" trabajo realizado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y por la Tesorería General de la Seguridad Social en el marco del Observatorio del Fraude, puesto en marcha en el año 1997, y en el que han participado también los agentes sociales, "por lo que extraña la referencia en el dictamen a la falta de información y diagnóstico sobre el fenómeno del empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social".

Por otra parte, añaden que el Plan cuenta con un repertorio de medidas legales que pretender mejorar la capacidad de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, representadas a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de la Fiscalía General del Estado y de los Jueces y Tribunales para poder luchar de forma más eficaz frente al empleo irregular y el fraude, articulando modificaciones sobre la Ley General de la Seguridad Social, La Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, La Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social y el Código Penal.

Igualmente, recuerdan que todas estas modificaciones se acompañan, además, de un plan de intensificación de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad sobre todos los sectores de la actividad y en todo el territorio nacional, "para lo que se ha tenido en cuenta la importante experiencia acumulada y la capacidad que para generar conocimiento tiene la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al operar directamente y a diario sobre la realidad social y económica de todos los sectores y territorios de España".