El Gobierno podría aprobar antes de que acabe el año un Real Decreto para incorporar a la reforma de las pensiones que entrará en vigor el 1 de enero de 2013 un endurecimiento de las condiciones de acceso a la jubilación anticipada y parcial, ante las dificultades para alcanzar un acuerdo en el Pacto de Toledo.

Fuentes próximas a esta Comisión consultadas por Europa Press ven "difícil" que los Grupos Parlamentarios siquiera acerquen posturas sobre la materia con el Gobierno después del enfrentamiento surgido tras la no revalorización de las pensiones conforme al IPC, que ha desembocado en la decisión en bloque de la oposición de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Así, el horizonte que se dibuja para el Gobierno en torno a las jubilaciones anticipadas es de falta de acuerdo en el presente y también en 2013, por lo que, según las mismas fuentes, el Ejecutivo se vería forzado a aprobar su reforma por la vía rápida ahora o entonces, ante lo que previsiblemente optará por hacerlo en las próximas semanas.

Otro elemento que presionaría al Gobierno para acelerar la limitación de las jubilaciones anticipadas es la necesidad de atajar tanto el fraude que se produce en algunos casos, como el incremento que han experimentado en los últimos meses los paros anticipados ante la inquietud despertada por el debate, con el consecuente repunte del gasto para la Seguridad Social.

Según las mismas fuentes, el Gobierno se ha encontrado con todo un ‘efecto llamada’ y "no puede dejar que corran los meses". De hecho, el Gobierno calcula que la mitad de los jubilados lo hacen de manera anticipada y, según los registros de la Seguridad Social, las nuevas altas por jubilación alcanzaron las 32.514 en octubre frente a las 26.313 de septiembre.

Los datos del Ministerio de Empleo reflejan que el gasto por las jubilaciones anticipadas soportado por la Seguridad Social se ha elevado de 101,6 millones a 189,9 millones de euros anuales entre 2005 y 2011.

Según Empleo, la jubilación anticipada, que permite al trabajador abandonar la empresa con 61 años, si es forzado por la empresa, o con 63 años, si es de forma voluntaria, afectó en 2011 a 383.900 personas, con una pensión media de 1.356 euros y un coste anual de 7.288 millones.

En el caso de la jubilación parcial, que permite abandonar el mercado de trabajo con 61 años, sin coeficientes reductores, con una reducción de jornada que es compensada con un trabajador relevista, el número de jubilados ascendió ese año a 120.952, con una pensión media aún mayor, de 1.588 euros, y un coste de 2.690 millones de euros al año.

Retrasar la edad de jubilación anticipada a 63 años

Ese mismo mes de noviembre, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, presentó ante la Comisión del Pacto de Toledo una batería de propuestas para limitar las jubilaciones anticipadas y parciales, que podría ser la base del Real Decreto que apruebe y que giraba entorno al retraso de la edad legal para jubilarse bajo estas fórmulas de los 61 a los 63 años y de 63 a 65 años en el caso de las jubilaciones anticipadas de carácter voluntario.

Según dijo entonces, la jubilación a los 67 años de manera progresiva hasta 2027, prevista en la reforma de las pensiones, "no servirá de mucho", con lo que lo adecuado sería elevar en paralelo la edad legal de las jubilaciones anticipadas y parciales.

El informe presentado abría también un debate sobre el establecimiento de coeficientes de reducción de la pensión en el caso de la parcial, así como sobre los periodos de cotización previos requeridos para acogerse a estas modalidades.

En cuanto a la jubilación parcial, que según Burgos, se ha convertido en "una fórmula privilegiada con costes que recaen totalmente en la Seguridad Social", el Ejecutivo propone, no sólo acompasar la edad de jubilación a la legal, sino modificar la jornada laboral obligatoria para que llegue hasta el 50% (en lugar del 27%), dar un tratamiento específico o más flexible en casos de contrato indefinido a jornada completa, prolongar la vigencia del contrato de relevo o aumentar el periodo mínimo de cotización exigido a 33 años.

Por otro lado, Empleo también ha planteado la posibilidad de que un trabajador pueda simultanear durante un tiempo el cobro de entre el 40% y el 60% de la pensión y un empleo por cuenta propia o ajena.

Por otro lado, el Gobierno en su informe al Parlamento planteaba si es viable, en el momento actual de dificultades económicas, permitir que los empleados públicos no pertenecientes a clases pasivas que se jubilen anticipadamente de manera voluntaria –cuestión pendiente de un desarrollo reglamentario– ante el coste que supondría autorizar esta medida para la Seguridad Social.