Esta posibilidad quedará recogida en el proyecto de ley de Reforma del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral gracias a una de las 17 enmiendas que el PP ha registrado en el Congreso, y a las que ha tenido acceso Europa Press.

En concreto, los ‘populares’ plantean una modificación del artículo 7, que regula la financiación de la formación, para incluir entre las ayudas susceptibles de ser cubiertas con la concesión directa de subvenciones a las que se dirigen a "permitir conciliar la asistencia a la formación con el cuidado de hijos menores de seis años o de familiares dependientes.

En el proyecto de ley original sólo se preveía la concesión directa de subvenciones a becas, ayudas de transporte, manutención y alojamiento.

Teleformación, competencia autonómica

Otro de los cambios que propone el partido que da sustento al Gobierno supondrá dejar en manos de las comunidades autónomas la competencia para acreditar e inscribir entidades de formación para la modalidad de teleformación, que en el texto aprobado originalmente por el Consejo de Ministros recaía en el Servicio Público de Empleo Estatal.

Este departamento sí retendrá la competencia de seguimiento y control de las acciones formativas programadas por las empresas con centros de trabajo radicados en el ámbito de una misma comunidad autónoma, pero sólo hasta que suscriba con los gobiernos regionales el correspondiente convenio sobre el intercambio de información para ejercer esta función.

En relación con las acciones formativas que llevan a cabo las empresas, los ‘populares’ precisan con varias enmiendas que, más que "responder a las necesidades formativas reales, inmediatas y específicas" de los trabajadores, tendrán que "guardar relación con la actividad empresarial", dejando así un margen más amplio para programar los cursos que estimen necesarios.

Formación en las Administraciones Públicas

En relación con las administraciones públicas o entidades públicas de formación dependientes de las mismas, se introduce la salvaguarda de que no deban recurrir a entidades privadas de formación para dar cursos a su personal, pudiendo hacerlo con sus medios propios y sin obligación de abrir un concurso.

Además, frente a la regla general de que las convocatorias de subvenciones convocadas pero pendientes de resolver deberán anularse en ciertas condiciones que ya recoge el proyecto de ley, se exceptúa a aquellas convocatorias de formación para el empleo de los empleados públicos ya iniciadas antes del 22 de marzo para que puedan llevarse a cabo en lo que queda de año.

En otro orden de cosas, los ‘populares’ piden introducir varias disposiciones que alteran el régimen transitorio. El objetivo es, por una parte, permitir que en 2015 el 20% de los fondos procedentes de la cuota de formación profesional para el empleo que financia las acciones formativas dirigidas prioritariamente a los parados, así como los programas públicos de empleo formación, se destine a acciones de fomento del empleo incluidas en el Plan Anual en las que participen personas inscritas en la lista del paro previo informe del Servicio Público de Empleo competente.

Finalmente, el PP precisa la composición del patronato de la nueva Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, que tendrá entre doce y 18 representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, un miembro por cada comunidad autónoma y el número de miembros de la Administración General del Estado que sea necesario para que conformen el grupo mayoritario.