En la memoria, a la que ha tenido acceso Europa Press, el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda señala que a lo largo del pasado ejercicio se presentaron 56 informes de fiscalización ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

De hecho, el propio presidente del organismo compareció hasta en ocho ocasiones ante este órgano para informar a los parlamentarios sobre 49 informes, y tres veces más en relación con las leyes anticorrupción que estaban en tramitación en ese momento, con la reforma de la Ley de Mutuas y para explicar las informaciones publicadas sobre presuntas irregularidades en obras menores y en contrataciones de personal.

Cuentas y contratos

Junto a esta actividad, el Tribunal también aprobó 55 informes adicionales sobre asuntos tan variados como RTVE, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), la constitución de Aena Aeropuertos, la gestión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la financiación de los partidos políticos o las últimas elecciones Europeas.

En paralelo, el organismo recibió información de 9.437 organismos públicos, obligados a rendir cuentas al Tribunal. En concreto, 319 entidades del sector público estatal rindieron las cuentas de 2013 al Tribunal en plazo y otras 88 fuera de plazo, mientras que 27 entes más no las presentaron.

En el sector público autonómico, fueron 199 las que presentaron sus cuentas en plazo, diez fuera de plazo y otras 63 no llegaron a hacerlo a lo largo del ejercicio; mientras que en el sector público local fueron 8.821 las que rindieron cuentas de los años comprendidos entre 1999 y 2013. El 59,93% de las cuentas correspondientes a 2013 se registraron en el plazo legalmente establecido.

Por otra parte, el organismo fiscalizador también recibió un total de 6.152 contratos, sobre todo de servicios y suministros, que debe analizar por mandato normativo. Sólo de los ministerios y sus organismos autónomos se recibieron 1.818 por valor de 2.257,72 millones de euros formalizados en 2013 y otros 901 por valor de 2.211,57 millones firmados en 2014.

La Seguridad Social envió 153 contratos de 2013 por 384,04 millones y otros 83 de 2014 por 63,85 millones de euros; las mutuas remitieron 131 por 201,41 millones y 276 por 138,71 millones firmados respectivamente en los dos ejercicios; y el sector público empresarial estatal hizo lo propio con 565 contratos de 2013 por valor de 883,25 millones y con otros 683 por valor de 2.066,3 millones del pasado año. Mientras, el sector público fundacional remitió 68 contratos de 2013 por valor de 63,64 millones de euros.

En el ámbito autonómico, el Tribunal recibió 1.086 contratos por valor de 1.810,4 millones correspondientes a 2013 y otros 175 por 466,6 millones de 2014; y el sector público local mandó 73 contratos por 63,02 millones de 2013 y otros 140 por 239,09 millones del pasado año.

Actuaciones jurisdiccionales

Al margen de fiscalizar a las administraciones públicas, el Tribunal de Cuentas también tiene encomendadas funciones de enjuiciamiento. En este ámbito, la memoria refleja que el año pasado se resolvieron 812 asuntos entre la sala y los tres departamentos de instancia, lo que supone un 16,3% más que un año antes.

Pese a ello, los asuntos pendientes al finalizar el ejercicio se incrementaron un 13,7%, pasando de 400 a 455, mientras que los asuntos que ingresaron en el Tribunal sólo subieron un 10%, con 867 casos. En total, a lo largo de 2014 se resolvieron 812 expedientes.

En cuanto a la Unidad de Actuaciones Previas, resolvió 331 asuntos el año pasado, un 8,2% más que en el anterior periodo, y las diligencias preliminares incoadas se elevaron a 434. Por su parte, se resolvieron 431 diligencias preliminares, 302 procedimientos de primera instancia, incluida la ejecución; 38 expedientes de cancelación de fianza y 41 asuntos de segunda instancia en la Sala de Justicia.

La memoria también detalla otras actuaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas a lo largo de 2014 como las medidas de agilización, modernización y transparencia de la estructura y el funcionamiento de la Sección de Enjuiciamiento; la adaptación a normativa internacional, la formación del personal, las publicaciones o las mejoras de las tecnologías de la información y la comunicación del organismo.