El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Pérez de los Cobos, ha asegurado que este organismo resolverá los recursos presentados contra la Reforma Laboral basándose en "criterios estrictamente jurídico-constitucionales", desde "la premisa" de que la Constitución Española es "es un marco de coincidencia suficientemente amplio en el que caben opciones políticas de muy diverso signo" y desde "el imperativo categórico" de "respecto esencial" al contenido de los derechos fundamentales.

Así lo ha manifestado Pérez de los Cobos en la conferencia de clausura del curso ‘La democracia constitucional y sus desafíos’ de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en la que ha asegurado que el TC estará, "como siempre, a la altura de las circunstancias" y responderá a este "reto", y a otros que tiene planteados en materia de sanidad o tributos, con "inteligencia, ecuanimidad y prudencia".

Respecto a la Reforma Laboral, el presidente ha manifestado que se lleva "el protagonismo" de las impugnaciones y recursos de inconstitucionalidad recibidos por el TC y ha detallado que éstas se centran principalmente en el derecho al trabajo y el derecho a la negociación colectiva.

En primer término, ha indicado que, para dilucidar la posible vulneración de la Reforma al derecho al trabajo, los magistrados del TC tendrán que "precisar" el contenido de este derecho y después "decidir sobre la adecuación constitucional de algunas medidas" introducidas en esa Reforma, que están relacionadas fundamentalmente con las "causas y efectos para la extinción de contratos de trabajo".

El "segundo frente de denuncias" que se han planteado contra la Reforma Laboral es el relativo al derecho de negociación colectiva, punto en el que los magistrados del TC deberán "delimitar" su "alcance" en dos sentidos, según ha explicado Pérez de los Cobos. Así, tendrán que "esclarecer en qué medida la ley puede limitar las materias y previsiones a pactar por parte de la negociación colectiva, es decir, si la ley puede o no introducir limites materiales a la negociación".

Y por otro lado, el TC tendrá que determinar "el significado de la fuerza vinculante de los convenios colectivos", una determinación que, según su presidente, deberá hacerse con el fin de "valorar la constitucionalidad de las vías de apartamiento que la ley ha introducido de lo pactado en convenio colectivo a través de un pacto de empresa".

"Primero habrá que definir si el descuelgue de las condiciones de trabajo a nivel de empresa previstos afectan a la fuerza vinculante del convenio y, en segundo lugar, habrá que dilucidar si es o no factible, a través de un acuerdo entre empresa y representantes de los trabajadores, modificar a nivel de empresa lo pactado en un convenio de ámbito sectorial", ha indicado Pérez de los Cobos.

Sanidad y tributos

Pero la Reforma Laboral, no es el único asunto que conforma la "ardua y compleja tarea que tiene por delante" el TC en los próximos meses. Sanidad y el sistema tributario, son los otros dos grandes bloques en los que el Tribunal ha de resolver recursos planteados.

Sobre la Sanidad, el presidente del TC ha señalado que los recursos recibidos son, a nivel nacional, respecto a "la definición de asegurado y la consiguiente restricción en el acceso a las prestaciones sanitarias", y, en el ámbito autonómico, la decisión de la Comunidad de Madrid de "externalizar determinados servicios con concesiones administrativas en materia de atención especializada".

"Estas impugnaciones obligarán al TC a adentrarse en terrenos relativos al contenido del derecho a la proteccion de la salud, hasta ahora inexplorados, tales como el ámbito subjetivo en relación con el principio de igualdad, el régimen de derechos de los extranjeros en situacion irregular y el modelo o modelos de gestión admisible en ejercicio por parte de los poderes públicos en su deber de organizar y tutelar la salud pública", ha manifestado Pérez de los Cobos.

Para concluir, el "tercer gran bloque" es el sistema tributario donde, según el presidente del TC, hay "numerosos" recursos planteados que llevarán a los magistrados de este organismo "a valorar si las decisiones legislativas impugnadas respetan los principios que, conforme al artículo 31, deben regir en materia de impuestos, es decir, el principio de capacidad económica, el principio de igualdad y el principio de progresividad".