Esta admisión a trámite, que no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo de la cuestión por parte del TC, se suma a la adoptada el pasado 29 de mayo en relación a una cuestión de inconstitucionalidad formulada por los mismos motivos por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

Estas tres nuevas cuestiones admitidas a trámite consideran que el Real Decreto-Ley del 13 de julio de 2012, en el que se incluyó la supresión de esta paga extraordinaria de los funcionarios, vulnera los artículos 9.3 y 33 de la Constitución.

El primero de estos dos artículos preserva, entre otras cosas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos individuales y el segundo el derecho de toda persona a no ser privado de sus bienes y derechos salvo por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización.

Así pues, el TC ha trasladado su decisión al Congreso, al Senado, al Gobierno y al fiscal general del Estado, que dispondrán de 15 días para personarse en el proceso y formular alegaciones.