Unos presupuestos que, según el subsecretario, reforzarán la cohesión social en España apoyando a quienes más lo necesitan, pues 54 euros de cada 100 se destinan a financiar gastos sociales, de los cuales casi 52 euros son gestionados por el Ministerio.

En ese sentido recordó que la partida de gasto que más aumenta dentro de todas las políticas de los presupuestos para 2015 es, precisamente, la de fomento del empleo para los desempleados, que sube en 670 millones de euros con relación a 2014, hasta situarse en 4.746 millones de euros (un 16,5% más).

Por otro lado, el subsecretario de Empleo y Seguridad Social ha destacado que los pensionistas y los desempleados siguen siendo una prioridad muy destacada para el Ministerio, de manera que en 2015 el gasto en pensiones se situará en 131.658 millones de euros, un 3,3 % más que en 2014, y el derecho a la protección por desempleo se financiará con 25.300 millones de euros, destacando el incremento del 27,2% en la renta activa de inserción.

Más inspectores y subinspectores

Pedro Llorente hizo referencia al programa relativo a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con un presupuesto de 116 millones de euros para 2015, dos millones de euros más (un 1,72%) que el gasto estimado al finalizar 2014.

En este sentido, Llorente ha puesto en valor el empeño del MEYSS para seguir aumentando la plantilla de Inspectores y Subinspectores de Trabajo en un contexto de consolidación fiscal y austeridad en el gasto público.

Desde el inicio de la Legislatura se han incorporado 150 nuevos inspectores y subinspectores, a los que se sumarán 88 más cuando concluyan los procesos selectivos ya en marcha de la Oferta de Empleo Público de 2014. Una evolución favorable de los efectivos que proseguirá en 2015, pues la tasa de reposición en los cuerpos de funcionarios del sistema de inspección de Trabajo y Seguridad Social dedicados a la lucha contra el fraude laboral será del 50% el próximo año.

Por último, el subsecretario de Empleo y Seguridad Social subrayó que más efectivos inspectores, las reformas legales aprobadas y una colaboración reforzada entre las Administraciones Públicas se han traducido en los mejores resultados de la historia en la lucha contra el fraude laboral.

Entre enero de 2012 y mayo de 2014 se estima que el Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social aprobado por el Gobierno al inicio de la legislatura ha tenido un impacto económico positivo de 9.271 millones de euros, permitiendo aflorar 170.941 empleos irregulares en sus dos primeros años de aplicación.