Tras su paso por la Cámara Alta, el proyecto ha incorporado más de 150 enmiendas, prácticamente todas del PP que, sin embargo, ha aceptado algunas de PNV y CiU. Entre los cambios más importantes que se incorporan destaca la enmienda ‘popular’ que permite a las autonomías que cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria cubrir el año que viene todas las vacantes que se produzcan en sus cuerpos policiales, idéntica medida admitida para las policías municipales.

La enmienda introduce una tasa de reposición del 100%, pero siempre que se trate de comunidades que cumplan los objetivos de déficit y deuda pública establecidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, tanto en el presupuesto del ejercicio anterior como en el vigente.

Según incluye el PP en la enmienda, la propuesta puede tener un coste de unos 10,2 millones de euros, una cantidad máxima calculada si las autonomías decidieran agotar el porcentaje total de reposición autorizado.

Además, se han introducido cambios en la tasa de reposición de la Educación –limitando la tasa para el personal docente no universitario en las comunidades que no cumplan los objetivos de deuda y déficit–, y se han definido como actividades prioritarias de mecenazgo algunas acciones llevadas a cabo por la Fundación ONCE y por la Agencia Española para la Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

También se ha incorporado una enmienda para dar 6 millones de euros a las comunidades autónomas para que financien los servicios de justicia gratuita y otra para regular el nuevo régimen retributivo de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, de forma que los desempeñan su cargo con carácter exclusivo percibirán dietas por asistir al Pleno o a las Comisiones sin tener derecho a otra remuneración.

Por otro lado, se ha extendido la regulación sobre las limitaciones a las emisiones de deuda y operaciones de endeudamiento de los organismos públicos a los demás entes integrantes del sector público estatal.

Además de sus propias enmiendas, el Partido Popular ha admitido una enmienda del PNV sobre las Entidades de Previsión Social (EPSV) existentes en Euskadi para eliminar la limitación que se quería introducir inicialmente a las aportaciones económicas de las instituciones para la contingencia de jubilación de los trabajadores públicos.

Igualmente, los ‘populares’ y el resto de los grupos han transaccionado una enmienda de CiU para asegurar la viabilidad de los parques científicos y tecnológicos, cuya titularidad ostenten las administraciones públicas o instituciones públicas sin ánimo de lucro que se hubieran acogido a determinados aplazamientos de devolución de deudas.

Así, se les concede una moratoria para las cuotas que vencen en 2015, más sus intereses, y se constituye un nuevo crédito por la totalidad del importe de las cuotas a aplazar, con vencimiento a 1 de enero de 2017 y plazo de amortización de hasta 20 años.

Por último, el proyecto de Presupuestos ha incorporado otra enmienda de CiU que incluye una disposición adicional nueva, relativa al pago de deudas con la Seguridad Social de instituciones sanitarias y hospitales cuya titularidad ostenten las administraciones públicas o instituciones sin ánimo de lucro.

En concreto, estas instituciones sanitarias, acogidas a la moratoria prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 1995, podrán solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social la ampliación de la carencia concedida a veintiún años, junto con la ampliación de la moratoria concedida hasta un máximo de diez años con amortizaciones anuales.

CiU indica en la citada enmienda que debido al actual escenario económico de las administraciones autonómicas y a la "grave situación" de insuficiencia financiera en la que se encuentran los hospitales resulta imposible que por parte de los centros sanitarios se pueda asumir la amortización de esa deuda.