Los cambios son fundamentalmente técnicos, si bien con una de las enmiendas el Gobierno acepta extender el mandato del presidente de la Autoridad, dando así respuesta a una de las críticas que compartía toda la oposición, que alertaba que plazos tan cortos de mandato hacían que el presidente de la Autoridad fuera muy poco independiente del Gobierno.

No obstante, es poco probable que este cambio permita al PP atraerse el apoyo del resto de formaciones, que durante su primer paso por el Congreso rechazaron en bloque el proyecto de ley, con la única excepción de UPN, que se abstuvo, y de Foro Asturias (FAC), que votó a favor.

Otros cambios

Las otras tres modificaciones introducidas en la Cámara Alta prevén que la Autoridad no esté obligada a someter a audiencia previa sus informes sobre otras administraciones, sino que será una potestad facultativa para que los afectados puedan indicar errores, ambigüedades o imprecisiones.

Además, se dará la posibilidad a que las comunidades autónomas o entidades locales puedan solicitar estudios a la Autoridad Fiscal, aunque cuando afecten a competencias de otras administraciones deberán tramitarlo a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) o de la Comisión Nacional de Administración Local.

Por último, se introduce una precisión para que los planes económico-financieros y los planes de reequilibrio sólo tengan que ser presentados "en los supuestos en que resulte preceptivo", en coherencia con el resto del articulado.