Peral ha subrayado que esta medida se establece en la Disposición Adicional Tercera de la Ley, después de que se aceptara una enmienda presentada por varios grupos, que recogía una solicitud del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y de otras entidades representantes de las personas con discapacidad.

El senador ‘popular’ ha recordado que los accidentes en carretera son la primera causa de discapacidad en España, así como la primera causa de lesión medular por traumatismo y también de incapacidad laboral entre los jóvenes.

En la misma línea, el senador del PP por Madrid ha recordado que la recaudación del Estado por multas de tráfico pagadas ascendió a 1.388,1 millones de euros entre 2004 a 2008, mientras que las inversiones del Estado en seguridad vial en el mismo quinquenio representaron un total de 859,7 millones de euros, un 62 por ciento de la recaudación total.

A juicio de Peral, "parece que entre ambas cifras hay un margen importante que permitiría establecer una financiación adecuada para ayudar a las víctimas de tráfico y así cumplir lo dispuesto en la nueva Ley". "Esta es una obligación legal que, evidentemente, no se cumple con una Convocatoria de ayudas a las víctimas de tráfico que, ya se hacía antes de la aprobación de la nueva Ley, y cuyo importe (450.000 euros) representa aproximadamente el 0,1 por ciento de la recaudación por multas de tráfico prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, cerca de 432 millones de euros", ha precisado.

Además, el PP ha denunciado otros incumplimientos como el hecho de que no se haya revisado, en el plazo de un año, la normativa sobre señalización vial vertical, con el fin de adaptar sus dimensiones mínimas a la intensidad actual del tráfico. En este sentido, Peral ha asegurado que las carreteras "están llenas de señales de un tamaño insuficiente, lo que hace dudar a muchos conductores sobre la dirección a seguir, lo que representa un riesgo de accidentes".

Asimismo, ha pedido cambiar la legislación en aspectos relacionados con infracciones muy graves ya que, a su juicio, es necesario que los agentes detengan el vehículo e identifiquen en el acto al conductor, siempre que sea posible; o que las sanciones por infracciones graves y muy graves se gradúen con criterios de proporcionalidad, entre otras demandas.