El plan de pago a proveedores puesto en marcha por el Gobierno a principios del pasado año permitió acortar un 13% en términos interanuales el plazo medio de cobro que registraron las empresas en sus ventas al sector público, lo que comporta, que las administraciones públicas tardaron 141 días en pagar a sus proveedores, casi cuatro veces más que los 40 días que marcaba la legislación.

Sin embargo, a pesar de que esta iniciativa diseñada por el Ministerio de Hacienda redujo "por primera vez" los plazos de pago de las instituciones públicas, lo cierto es que no consiguió frenar su morosidad. De este modo, el ratio de morosidad -porcentaje de impagos respecto al total de facturación-, se cifró en el 7%, lo que evidencia un estancamiento respecto al año 2011. Por otro lado, en caso de sufrir impagos, sólo un cuarto de las empresas exigió intereses de demora.

Estos son los principales datos que ha revelado este miércoles en Madrid la Plataforma multisectorial contra la morosidad (PMcM) a través de un informe, cuya presentación ha corrido a cargo de su presidente, Antoni Cañete. El informe explica la situación de la morosidad en España a través de un sistema de encuesta a sus organizaciones asociadas, realizada entre diciembre de 2012 y enero de 2013.

Cañete ha expresado que los datos que reflejan el plazo medio de cobro del sector público ha significado una "grata sorpresa" en 2012, aunque ha dicho que este descenso "no es suficiente". Asimismo, a pesar de aplaudir el plan de pago a proveedores, ha criticado que "no todas las empresas han hecho el pago a todos sus subcontratados", tras beneficiarse de la liquidez que ofrecía esta iniciativa. "No ha funcionado la cadena de pago", ha apostillado.

Asimismo, el presidente de esta Plataforma del ámbito de la sociedad civil, que representa a cerca de un millón de empresas, ha denunciado que el ratio de impagos debería "preocupar", dado que está "muy alejado" del porcentaje del 2,5% que denota la media europea. Del mismo modo, ha dicho que el 7% registrado en España marca "un límite", y lo ha descrito como un elemento "fundamental" del cierre de empresas. "En España no existe la cultura del pago", ha remachado.

Por su parte, en lo que respecta al sector privado, el plazo medio de cobro de servicios a empresas en 2012 se cifró en 93 días, lo que significa una disminución de cinco días respecto a las estimaciones presentadas en 2011. Así, se redujo el plazo medio de cobro un 5,1%, aunque, como resalta la Plataforma, todavía está lejos de los 75 días que establece la Ley.

En el mismo sentido, la PMcM ha denunciado que el 65,4% de las empresas encuestadas tuvo el año precedente contratos o acuerdos comerciales con clientes del sector privado que les exigieron plazos de pago superiores a los 75 días que marcaba la legislación para ese mismo año, algo "que es ilegal".

En esta línea, Cañete ha recordado que tanto la Ley española como la próxima directiva europea, que se aplicará en marzo, obligarán este año a que tanto las administraciones públicas como el sector privado aminoren sus plazos de pago a proveedores a 30 y a 60 días, respectivamente. Por último, se ha cifrado en un descenso de promedio del 10,5% la evolución total de las ventas en el periodo 2011-2012.

Hacienda revela un remanente de hasta 3.000 millones

El presidente de la Plataforma multisectorial contra la morosidad, Antoni Cañete, ha revelado que todavía existen entre 2.000 y 3.000 millones de euros por pagar a los proveedores por parte de la Administración Pública, que permitir saldar deudas anteriores al año 2011.

De este modo, Cañete ha revelado que, tras reunirse la semana pasada con el Ministerio de Hacienda, éste les ha asegurado que se pondrá de "forma inminente" un remanente de 3.700 millones de euros para "liquidar todo lo que haya antes de 2011".