El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles, con el apoyo del PSOE-A, el rechazo de IULV-CA y la abstención de PP-A, el proyecto de Ley de modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que se adapta a la nueva legislación estatal de suelo y supondrá una simplificación de la tramitación de los planes urbanísticos en los suelos urbanos, un mayor reconocimiento de los derechos de los ciudadanos y un refuerzo de los principios de participación pública, transparencia y publicidad en la elaboración del planeamiento urbano.

En su intervención en el Pleno, la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, ha explicado que el nuevo texto dinamizará la actividad urbanística en el interior de la ‘ciudad construida’ y logrará una mayor adecuación entre los planes urbanísticos y los planes municipales de vivienda y suelo.

Entre las medidas de agilización introducidas destaca la regulación de las ‘actuaciones de dotación’, que permite al promotor sustituir la cesión de terreno para equipamientos y dotaciones en suelo urbano por una cantidad económica equivalente a su valor, cuando por las dimensiones de la operación esas dotaciones sean inviables en términos físicos. El municipio dispondrá de hasta tres años para destinar la suma de esos depósitos parciales obtenidos en distintas intervenciones a obtener suelo de mayor entidad para ese fin.

En relación con el proceso de elaboración del planeamiento urbanístico, la Junta creará, en el plazo de un año, un órgano colegiado que actuará como ‘ventanilla única’ para facilitar a los ayuntamientos la tramitación de los informes sectoriales vinculantes que ahora emiten por separado las diferentes consejerías. Esta medida, que se concretará reglamentariamente, permitirá acortar los plazos de respuesta a los municipios y reforzará el marco de colaboración técnica entre las administraciones autonómica y local.

Por otro lado, la norma reforzará los principios de participación pública, transparencia y publicidad, ya garantizados por la actual LOUA, en todos los trámites relativos al planeamiento urbano. Entre otras novedades, se incorporará a la documentación del Plan el resumen ejecutivo, donde se sintetizarán las propuestas de ordenación que efectuará el PGOU. Esta medida pretende que los ciudadanos dispongan de un texto comprensible que facilite su participación en el proceso de exposición pública.

Los planes también deberán incluir en su documentación un informe de sostenibilidad económica, con un análisis de las repercusiones a medio y largo plazo que para las administraciones suponen tanto la ejecución como el mantenimiento de los nuevos espacios urbanizados, sus infraestructuras y servicios.

De igual modo, se ampliará el derecho de consulta de los particulares, que podrán preguntar a la administración local o autonómica las características urbanísticas de cualquier clase de suelo. Las administraciones estarán obligadas a dar respuesta a estas cuestiones en el plazo de dos meses. Asimismo, se amplía la regulación del acceso telemático por parte de los ciudadanos a planes urbanísticos, aprobados y en tramitación.

Con la reforma introducida en el nuevo texto se somete la selección del agente urbanizador a los principios de publicidad y concurrencia recogidos en la Ley de Contratos del Sector Público, con lo que se avanza en el principio de libre empresa en las actuaciones urbanísticas. Esta figura, ya contemplada en la actual LOUA, faculta a cualquier particular y no solo al propietario del suelo para desarrollarlo. Al respecto, en la clarificación que realiza la norma de los diferentes intervinientes en la actividad urbanística se regula la figura de la empresa urbanizadora como la entidad que colabora con los propietarios aportando financiación y solvencia técnica y profesional.

En cuanto a las modificaciones orientadas a la incentivación de la actividad urbanística, el documento fija un aumento de la densidad residencial prevista inicialmente en los suelos urbanizables y urbanos, pasando de 75 a 90 viviendas por hectárea en el primer caso y de 100 a 120 viviendas por hectárea en el segundo.

PSOE-A DESTACA EL "CONSENSO SOCIAL" ALCANZADO

La diputada del PSOE-A Regina Cuenca, que ha comenzado su intervención agradeciendo el trabajo realizado por los distintos grupos y los agentes sociales, ha explicado que esta normativa sirve para volver la mirada a la ciudad ya existente y a reactivar los cascos de las ciudades para generar actividad económica y empleo. "No solo son buenas intenciones hechas leyes, sino que los ciudadanos van a encontrar en esta normativa una nueva apertura a un nuevo campo dentro de las ciudades", ha señalado.

Cuenca ha dicho que esta normativa refuerza los mecanismos de participación ciudadana y apuesta por un modelo de crecimiento sostenible, con lo que no se pierde la esencia de la norma anterior, pese a la modificación. Ha asegurado que su formación se siente "satisfecha" con el consenso social alcanzado, destacando que se han admitido enmiendas tanto del PP-A como de IULV-CA, "pero las que venían a mejorar esta normativa y no a romper el consenso social".

PP-A VE UNA MODIFICACIÓN "ABSOLUTAMENTE INSUFICIENTE"

Por su parte, la diputada del PP-A Alicia Martínez ha considerado "inaudito" que este debate se produzca en el último pleno del parlamento, un pleno extraordinario para "asignaturas pendientes". Ha asegurado que la modificación de esta normativa se queda tan corta "que es difícil de explicar, siendo absolutamente insuficiente a toda luces porque no se incluyen medidas para reactivar el sector inmobiliario, imprescindible para hacer frente a la situación de crisis".

Martínez ha indicado que, ante una nueva cita electoral, los socialistas vuelven a engañar a los ciudadanos con un decreto-ley "que solo reconoce la ilegalidad de la viviendas, porque un decreto no puede legalizar lo que una ley como ésta no legaliza". "El problema sigue estando ahí, pero ustedes irán ahora en campaña prometiendo la legalización de las viviendas", ha afirmado la ‘popular’, quien ha apuntado que Andalucía necesita una Ley del Suelo "que deje de ser de coyuntural".

IULV-CA ASEGURA QUE SE "ESTROPEA" LA LOUA

Finalmente, el diputado de IULV-CA Ignacio García ha dicho que el estado de ánimo de su formación respecto a esta ley solo podría calificarse como "de lástima" porque esta normativa "estropea" la LOUA, "al menos de que de avances progresistas se habían ido consiguiendo en el urbanismo en Andalucía". "Es una cierta vuelta en lo que se refiere a volver a poner el ladrillo en un punto protagonista de la economía andaluza", ha afirmado el parlamentario.

García ha dicho que esta ley olvida los buenos propósitos de enfocar los esfuerzos de la actividad del sector de la construcción hacia la rehabilitación de viviendas. Ha lamentado que la Junta haya aprobado un decreto de regularización de viviendas ilegales, "antes de que se haya aprobado la ley que lo ampara", al tiempo que ha indicado que "estamos ante una ley que responde ante un tremendo electoralismo".