La explicación que da el Gobierno para proceder a esta medida es que se quiere "preservar su viabilidad financiera, en la línea de las funciones para las que fue concebido", según explica el Ejecutivo en el preámbulo del decreto.
En concreto, el nuevo paquete de ajustes del Gobierno limita las indemnizaciones a percibir por los trabajadores de empresas inmersas en procedimientos concursales al establecer que éstas, con indepedencia de lo que se pacte en el proceso concursal, se calcularán sobre la base de 20 días por año de servicio, con el tope máximo de una anualidad, sin que el salario diario pueda exceder del doble del salario mínimo interprofesional (SMI) -antes era el triple del SMI-.
Igualmente, en cuanto al pago de salarios, el decreto aprobado el viernes limita la cantidad a abonar a los trabajadores a la resultante de multiplicar el doble del SMI (antes era el triple), incluyendo la parte proporcional de las pagas extra, por el número de días de salario pendiente de pago, con un máximo de 120 días (antes el máximo eran 150 días). El salario diario, sobre el que se calculan las indemnizaciones pendientes, tampoco podrá exceder del doble del SMI (antes también era el triple).
El Fogasa es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Empleo que tiene entre sus fines abonar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones pendientes de pago a causa de insolvencias empresarial o concursos.
617 millones de euros hasta mayo
De acuerdo con los últimos datos disponibles del Ministerio del Empleo, el gasto del Fogasa en prestaciones se situó en 617,7 millones de euros en los cinco primeros meses del año, lo que supone un 0,4% menos que en el mismo periodo de 2011.
De esa cuantía, 205,09 millones de euros correspondieron al pago de salarios, un 7% menos que entre enero y mayo de 2011, mientras que 412,6 millones de euros se dedicaron al abono de indemnizaciones, un 3,2% más.
Hasta mayo, el Fogasa abonó 242,3 millones de euros, un 8,8% menos, en prestaciones derivadas de ejecuciones laborales, en las que se incluyen los salarios e indemnizaciones pendientes de pago motivados por la declaración de insolvencia provisional o definitiva de las empresas.
Por su parte, el organismo dedicó algo más de 238 millones, un 0,4% más que hasta mayo de 2011, a prestaciones derivadas de procedimientos concursales (salarios e indemnizaciones fruto de la suspensión de pagos, quiebra y concurso de empresas, así como procedimientos transnacionales).
Asimismo, destinó 137,4 millones de euros, un 16,6% más, a pagar las indemnizaciones que son de su responsabilidad directa y para las que no se requiere la declaración de insolvencia o concurso de la empresa. En este apartado se incluye parte de las indemnizaciones por despido procedente o extinción colectiva en empresas de menos de 25 trabajadores.
Un total de 106.725 trabajadores recibieron prestaciones por parte del Fogasa en los cinco primeros meses del año, un 2,4% más, en tanto que las empresas afectadas por los expedientes resueltos por el organismo afectaron a 48.436 empresas, un 4,1% más.
El presupuesto del Fogasa para 2012 asciende a 1.275 millones de euros, un 15% menos que en 2011. Hasta mayo, faltando siete meses para final del ejercicio, ya había gastado casi la mitad de lo presupuestado.
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