El Pleno del Senado debatirá esta semana al proyecto de ley para la integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General, un trámite que el Gobierno quiere aprovechar para establecer que los límites de edad y duración establecidos en el nuevo contrato para la formación y el aprendizaje "no sean de aplicación" en aquellos suscritos en el marco de políticas activas de empleo dirigidas "a la cualificación o inserción laboral".

El Ejecutivo ha presentado a través del Grupo Socialista una enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, que plantea que los topes de edad de entre 16 y 25 años, y hasta 30 años de manera transitoria hasta 31 de diciembre de 2013, no se tengan en cuenta cuando el contrato se enmarque en "acciones y medidas que impliquen la realización de un trabajo efectivo en un entorno real y permitan adquirir formación o experiencia profesional".

Lo mismo sucedería con el límite de duración mínima de un año y de dos como máximo para el contrato. La propuesta modifica sustancialmente el rango de aplicación de un decreto ley que, aunque se aprobó el pasado 26 de agosto y ya está en vigor, todavía debe ser convalidado por el Congreso.

Además, el Gobierno quiere que aquellos proyectos de empleo-formación promovidos por las comunidades autónomas, que sean aprobados o estén pendientes de aprobación en base a convocatorias efectuadas con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo decreto ley de medidas laborales, se puedan beneficiar de sus condiciones.

FONDO DE RESERVA DE POLÍTICAS DE EMPLEO

Por otro lado, las enmiendas socialistas plantean dar entrada a las comunidades autónomas en el comité de Gestión del Fondo de políticas de empleo, a través de un representante "con voz y sin voto".

El decreto de reforma de políticas activas de empleo aprobado el pasado mes de febrero incluía la constitución de un Fondo de Reserva de políticas activas de empleo para atender a las necesidades futuras de financiación en la ejecución de las políticas activas de empleo.

La enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, presentada ahora plantea que la inclusión en el Comité de Gestión del fondo de una persona que ostente la representación de las comunidades autónomas, "permite garantizar que el criterio de éstas pueda ser tenido en cuenta en el desarrollo de sus funciones".

Dicho representante será el mismo que ostente la vicepresidencia correspondiente a las comunidades del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo.