Así se desprende de una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, y que está dirigida a la diputada de IU-ICV, Nuria Buenaventura, quien pedía saber cuáles son las previsiones que tiene el Gobierno a la hora de ampliar el permiso de maternidad, y cuándo va a ser efectivo el de paternidad de cuatro semanas.

MÁS DURACIÓN NO IMPLICA MÁS PROTECCIÓN

El Ejecutivo apunta que, tomar en cuenta únicamente el indicador de la duración del permiso concedido a las madres "no parece acertado" porque considera que "una mayor duración no significa más protección". "Deben valorarse además otros factores, tales como el nivel de retribución y la coexistencia de otros permisos que protejan la maternidad", agrega la respuesta del Gobierno.

Entonces, puntualiza que, la protección de la maternidad debería alcanzarse, más que a través de una ampliación del permiso para las madres, disfrutable únicamente por ellas, a través de la posibilidad de fórmulas que puedan ser disfrutadas por el padre o por el otro progenitor en aras a una mayor corresponsabilidad.

En cuanto a la duración del permiso de paternidad, el Ejecutivo esgrime que las razones económicas "evidentes" han aconsejado retrasar la entrada en vigor de esta ampliación, lo que se lleva a cabo mediante la disposición final decimotercera del proyecto de ley de Presupuestos Generales para 2011, que modifica su entrada en vigor hasta el 1 de enero de 2012, una fecha "todavía anterior" a la máxima prevista en la normativa de Igualdad.

200 MILLONES DE EUROS

De hecho, la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, explicó en septiembre de 2010, durante la presentación de los PGE de 2011 que posponer la puesta en marcha de este permiso iba a ahorrar 200 millones de euros.

La Ley de 2007 de igualdad efectiva entre hombres y mujeres fue la que creó el permiso de paternidad introduciendo un nuevo artículo en el Estatuto de los Trabajadores, que dicta que el Ejecutivo debe ampliar de forma progresiva y gradual la duración de este permiso hasta alcanzar las cuatro semanas a los seis años de la entrada en vigor de dicha normativa, es decir, marzo de 2013.

Según cita el Gobierno, España se encuentra en la media de los países en cuanto su duración, en concreto es igual que Austria, Francia, Holanda, si bien es superior a otros como Alemania o Bélgica.