Para ello, el PP retocará su reforma laboral a través de algunas de la veintena de enmiendas presentadas al proyecto de ley de Protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, y que ya han sido incorporadas a la norma en la fase de Ponencia.

Así, se amplía en un año, hasta el 31 de diciembre de 2014, la posibilidad de suscribir contratos para la formación y el aprendizaje sin título de formación profesional o certificado de profesionalidad relacionados con el trabajo efectivo a realizar o centros formativos disponibles para su impartición, manteniendo para ello la previsión de que sean los contenidos mínimos orientativos establecidos en el fichero de especialidades formativas los que se consideren "actividad formativa inherente" a dichos contratos.

De este modo, se dará margen para "completar la adecuación de la oferta formativa inherente a los contratos para la formación y el aprendizaje, especialmente por lo que se refiere a la modalidad de teleformación y el establecimiento de los soportes técnicos necesarios para su impartición".

Con otra enmienda los ‘populares’ modifican el real decreto que desarrolla normativamente el contrato para la formación y el aprendizaje en el mismo sentido.

Enmiendas técnicas

El resto de enmiendas son mayoritariamente técnicas, como por ejemplo para mencionar expresamente al Instituto Social de la Marina como entidad competente, equiparable al Servicio Público de Empleo, para gestionar la protección por desempleo de los trabajadores del Régimen Especial del Mar.

Asimismo, se fija el 4 de agosto de 2013 como fecha máxima para causar derecho a las prestaciones de jubilación incapacidad, muerte y supervivencia o maternidad/paternidad con los nuevos criterios de cotización para trabajadores con contratos a tiempo parcial. Esa fecha coincide con la de entrada en vigor del decreto ley que ha dado lugar a este proyecto de ley, por lo que se trata meramente de una "adaptación técnica".

Por último, se añade una nueva disposición para adecuar a la Ley de Contratos del Sector Público la cuantía de la fianza definitiva que deberán presentar los adjudicatarios de contratos de gestión de servicios públicos regulares de transporte de viajeros por carretera.