Precisamente, el Gobierno ha convocado el CPFF este jueves para analizar los planes de ajuste económico-financiero que han tenido que elaborar todas las comunidades ante las desviaciones del déficit en el año 2011 y la necesidad de cumplir lo pactado con Bruselas.

El Gobierno ya ha puesto de manifiesto que algunas comunidades no podrán obtener el visto bueno de Hacienda, por lo que activará todos los mecanismos que incluye la Ley de Estabilidad Presupuestaria, desde la exigencia de nuevos ajustes hasta la intervención.

De hecho, el Departamento que dirige Cristóbal Montoro ya ha encargado a la Abogacía del Estado y a la Intervención General que estudie la posible tutela de las cuentas de Asturias, ante la preocupación de que el Gobierno regional en funciones no pueda alcanzar el objetivo del 1,5% del PIB.

En cualquier caso, las comunidades con más dificultades contarán con quince días para plantear nuevas medidas de ajuste, que serán analizadas en una nueva sesión del CPFF que se celebrará previsiblemente a finales de mayo o principios de junio.

De esta forma, el Gobierno de Mariano Rajoy quiere garantizar el compromiso de las comunidades con la reducción del déficit pactada con Bruselas para enviar así un mensaje de confianza a los mercados, que siguen teniendo dudas sobre la capacidad del país para reducir el déficit público.

Las nuevas medidas se añadirán a las ya planteadas por algunas comunidades, que han reducido sus Presupuestos en unos 8.000 millones. Esta cifra se obtiene de la suma de ajustes a los funcionarios, recortes en educación y sanidad y liquidación del sector público empresarial, así como de ingresos procedentes de nuevos impuestos y tasas.

Sin embargo, no todas las comunidades han hecho públicos sus planes de recorte en 2012, a la espera de aprobar unos presupuestos definitivos; son los casos de Madrid, Castilla-La Mancha, Asturias, Cataluña, Aragón y La Rioja.

En el caso del País Vasco, el Gobierno ejecutó en marzo una retención de crédito cautelar por más de 400 millones en sus presupuestos de 2012, para hacer frente a un eventual empeoramiento de la situación económica.

En números absolutos, los mayores recortes conocidos ya para este año son los de Andalucía (2.700 millones), Comunidad Valenciana (2.260), Canarias (800 millones) o Murcia (623 millones). En términos relativos, también son sustanciales los recortes presupuestarios de Navarra (54 millones), de Baleares (348 millones) o Castilla y León (366).