En comparecencia ante la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados, Báñez ha asegurado que esta iniciativa se enmarca en la intención del Gobierno de que en el primer semestre de 2014 se hayan materializado las transformaciones necesarias para aplicar la Garantía Juvenil.

La ministra ha recordado que dicho plan europeo persigue que jóvenes parados o que hayan terminado la educación formal puedan acceder a un puesto de trabajo, a prácticas o a formación continua en un plazo de cuatro meses.

Dicho esto, ha concretado que con la extensión de incentivos a los beneficiarios de la Garantía Juvenil se trata de incluirles en el marco las ayudas a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa, que conlleva una bonificación del 100% en la cuota empresarial por contingencias comunes durante un máximo de 12 meses.

Además, se ha referido a la bonificación de 500 euros anuales (700 euros en el caso de la contratación de mujeres), durante tres años, por la contratación de jóvenes para un primer empleo.

De forma adicional, se podrán aplicar estos incentivos aquellos empresarios que contraten a beneficiarios de la Garantía Juvenil procedentes de centros especiales de empleo o de centro de inserción.

El procedimiento para beneficiarse

Según el Plan de implantación de este programa remitido por Empleo a Bruselas, los jóvenes que quieran beneficiarse de este programa –858.000 personas, con datos de 2012– tendrán que solicitar a través de un registro telemático específico.

La atención de los que cumplan los requisitos se vinculará a la realización previa de un perfil completo de sus características, para concretar sus necesidades educativas o formativas. Será la base para decidir qué actuación, dentro del catálogo previsto, podrá ser la más adecuada.

El plazo de atención una vez implantado el sistema en toda España será de cuatro meses desde la solicitud, en línea con el programa europeo, priorizando a los jóvenes sin experiencia laboral o sin cualificación, así como a los parados de larga duración.

Cuatro ejes

La articulación de las medidas necesarias para la implantación de este plan, se recogen, en parte, en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, que se completarán con otras específicas.

Este conjunto de actuaciones se vertebra en cuatro ejes. El primero es la mejora de intermediación, mediante acciones de intermediación, orientación y acompañamiento laboral, así como a través de una modernización de los servicios públicos de empleo y potenciando las acciones con agencias de colocación.

En segundo lugar, se trata de mejorar la empleabilidad de los jóvenes, con programas de segunda oportunidad para jóvenes que abandonaron de forma prematura los estudios, de formación con compromiso de contratación, especialmente en el caso de idiomas y nuevas tecnologías de la información, y de prácticas no laborales en empresas. Además, se seguirá apostando por la formación profesional dual a través del contrato de formación y aprendizaje.

Como tercer bloque, Báñez ha avanzado que "se ahondará en la rebaja de cotizaciones sociales de hasta el 100%", y en coordinación con las comunidades autónomas se establecerán ayudas para la contratación de jóvenes durante más de seis meses.

El cuarto eje contiene medidas para favorecer el emprendimiento, como la continuidad de la ‘tarifa plana’ para nuevos autónomos, la compatibilidad en el cobro del paro y el inicio de un proyecto empresarial y las facilidades a la capitalización.

Por otro lado, Báñez ha informado también de que el Gobierno pondrá en marcha un sistema informático de gestión y una base de datos único al que tendrá acceso las entidades colaboradoras en la aplicación de la garantía.

Se podrán registrar contratos por vía telemática

Tras la simplificación de los formularios de contratación, de 41 a un total de cuatro, el Gobierno estudia la posibilidad de que los empresarios registren contratos de trabajo en la Seguridad Social por vía telemática.

Este trámite se podrá hacer "cualquier día de la semana y a cualquier hora", lo que supondrá un paso más la simplificación administrativa en los procedimientos de contratación, según la ministra de Empleo y de la Seguridad Social.