El Gobierno ha aprobado este viernes el proyecto ley orgánica que permite la creación de la autoridad fiscal independiente e introduce mecanismos de supervisión y transparencia a todas las administraciones públicas, según ha avanzado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según el Gobierno, con este anteproyecto se cumple además la directiva europea que regula los marcos presupuestarios de los países miembros, que establece la necesidad de contar con una institución fiscal independiente en el país que realice análisis fiables e independientes de la evolución de las cuentas.

La nueva autoridad fiscal, similar a las que existen en otros países de la UE, será un ente público e independiente y con personalidad jurídica propia. Su principal función será garantizar el cumplimiento efectivo del artículo 135 de la Constitución que fue reformado por el Gobierno para garantizar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.

El nuevo organismo operará bajo el nombre de Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y su creación responde al énfasis del Gobierno a la hora de reforzar la arquitectura institucional del país para defender la austeridad presupuestaria en todas las administraciones.

El Ejecutivo ha diseñado este instrumento siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, muchas de ellas incluidas en el Memorandum of Understanding (MoU) firmado tras la concesión de una ayuda de 100.000 millones de euros para sanear el sistema financiero español.

La autoridad se configura como una entidad de derecho público con un régimen específico con el objetivo de garantizar la aplicación del principio de estabilidad presupuestaria en todas las administraciones. Para conseguirlo, se crea a través de una ley orgánica que permite que su ámbito se extienda a todo el sector público, y se le da personalidad jurídica y plena capacidad publica y privada para garantizar su actuación.

El organismo estará adscrito al Ministerio de Hacienda, pero sin dependencia de ninguna de sus áreas. De hecho, su configuración será similar a la del Instituto Nacional Estadística (INE), uno de los organismos más fiables del mundo.

Presidente nombrado por el Consejo de Ministros

Contará con un presidente nombrado por el Consejo de Ministros por un mandato de tres años ampliable a tres años más, de forma que podrá ocupar el puesto por un máximo de seis años, un periodo que va más allá de la legislatura para garantizar la objetividad e independencia del organismo. Antes de ser nombrado, tendrá que comparecer en el Parlamento.

La autoridad fiscal contará también con directores de división que también serán nombrados por el Consejo de Ministros a propuesta del presidente del organismo. Estos directores deberán tener una experiencia de al menos diez años en materias propias de la división que vayan a ocupar.

Con la creación de este organismo, el Gobierno asegura que se institucionaliza un comité técnico de cuentas nacionales que ya funcionaba con representantes de la intervención general del Estado, el Banco de España y el INE.

Elaborará informes y opiniones

Las funciones de la nueva autoridad fiscal se centrarán en el análisis, el asesoramiento y el control en relación con la política presupuestaria. Así, elaborará informes preceptivos y no vinculantes de forma que, si la Administración a la que va dirigida el informe se aparta del criterio dado, deberá motivarlo.

En concreto, se pronunciará sobre las iniciativas propias de las administraciones que afecten a materias previstas en la ley de estabilidad presupuestaria. Así, valorará las previsiones macroeconómicas, que deberán contar con informe favorable, y el programa de estabilidad, y realizará seguimientos sobre la ejecución presupuestaria, la deuda pública y la aplicación de regla de gasto prevista en la ley.

De la misma forma, calibrará los planes económicos y financieros del Estado y las comunidades autónomas y presentará un informe sobre el establecimiento de objetivos individuales de déficit que enviará a Hacienda en los diez días siguientes a la aprobación de los objetivos globales de déficit en el Consejo de Ministros.

Según el Ejecutivo, el nuevo organismo no anula competencias al Ministerio de Hacienda, sino que se limitará a hacer informes que después hará públicos sobre todo el ciclo presupuestario, de la misma forma que comparece el gobernador del Banco de España de turno en el Congreso y en el Senado para valorar el cumplimiento del Presupuesto.